Según recoge Publico.es, la jueza ha ordenado tomar declaración a los cuatro como investigados, antiguo imputados, al entender que “los hechos relatados hacen presumir la posible comisión de un delito”, aunque elude definirlo por tratarse de las primeras fases de la instrucción.
La denuncia de la soldado, que siempre ha negado tener ninguna relación con esos vídeos, apunta a la eventual existencia de uno de injurias graves, por “la intención de causar un ataque a la dignidad ajena, el propósito de ofender la dignidad personal, de menoscabar la fama de la persona, o atentar contra su propia estima”, y de otro de falsedad por la presunta manipulación de varias imágenes “con la clara intención de intentar aparentar que la persona protagonista de esos videos sexuales es la denunciante”.
Los investigados son el general Ángel Serrano, autor de la resolución que convirtió en definitiva la sanción; el teniente coronel Carlos Granados, auditor del Ministerio de Defensa, que es quien puso en marcha el expediente sancionador; la capitana Cristina Serrano, jefa de la batería a la que estaba asignada la denunciante y que actuó como testigo de cargo, y la teniente coronel María Gracia Cañadas, jefa de la unidad, adscrita al cuartel de El Goloso, y que firmó el informe que originó el expediente a la soldado
El asunto de los vídeos, que ha provocado a la denunciante un “trastorno adaptativo con síndrome de ansiedad”, se remonta a febrero del año pasado, cuando Granados ordenó abrir una investigación sobre la soldado tras recibir un informe en el que Cañadas afirmaba que aquella había explicado durante unas maniobras a cinco compañeros “que participaba en una página de carácter pornográfico, mostrando una serie de imágenes” y animándoles a entrar para ganar clicks, ya que eso le reportaría ingresos.
A partir de ese informe, acompañado de “pantallazos” de los vídeos y de fotos de la soldado que, según la denuncia, habían sido manipuladas, se pone en marcha el expediente. Durante la investigación, Cañadas y la capitana Serrano señalaron a la soldado, sin dudarlo, como la persona que aparecía en los vídeos, algo que no ocurrió con los demás testigos.
La sanción, doce días de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave, le fue impuesta a pesar de que en el expediente consta un informe médico que describe cómo la soldado tiene en su cuerpo una serie de cicatrices, tatuajes y modificaciones estéticas de las que carece la mujer que aparece en los vídeos, la cual, por otra parte, habla inglés con soltura y sin ningún acento peninsular, algo de lo que no es capaz la militar.
Cañadas, llegó a ser investigada por los tribunales militares por los cargos de abuso de autoridad, acoso profesional y extralimitaciones en el ejercicio del mando por los que le había denunciado su subordinada, aunque finalmente acabó siendo exonerada.
La teniente coronel declaró en agosto del año pasado el alta de la soldado pese a que esta no estaba en condiciones de reincorporarse a su puesto, según el diagnóstico de la sanidad pública: llevaba seis meses de baja tras un pinzamiento de la columna que, a base de complicaciones, acabaría causándole un aborto.
