Todo el profesorado debe comprometerse en la lucha para conseguir una mesa de negociación del personal docente de Ceuta y Melilla

El conjunto del profesorado ceutí no puede seguir asistiendo con absoluta indiferencia a este infame proceso de fosilización de nuestro sistema educativo que estamos padeciendo. La pasividad nos convierte en cómplices de un grave atentado a los valores y principios que informan nuestra constitución. Se están vulnerando, de manera flagrante, los derechos de la ciudadanía (a una educación pública de calidad) y los de los trabajadores de la enseñanza aquí destinados (a los que se les niega el derecho a negociar sus condiciones laborales).

Las carencias y deficiencias que venimos acumulando durante las dos últimas décadas son múltiples y diversas hasta abarcar todos aspectos esenciales del sistema. La plataforma reivindicativa se amplía de manera incesante, sumando nuevos agravios y desfases a un ritmo espantosamente vertiginoso.

De entre todas estas reivindicaciones, la exigencia de una Mesa de Negociación del Personal Docente de Ceuta y Melilla, destaca sobre las demás por su propia naturaleza condicionante. Es preciso no olvidar que el profesorado sigue siendo el eje principal sobre el que gira todo el sistema. Cuando hablamos de “condiciones laborales” en educación, estamos hablando, realmente, de la definición del modelo educativo. El diseño de la jornada laboral, las ratios de alumnos por grupo, la atención a la diversidad, la implementación de programa y proyectos, las posibilidades de formación continua, la disponibilidad para ejercer un auténtico liderazgo pedagógico, atender las nuevas formas de tutorización que demandan estos tiempos… todo esto forma parte de nuestro trabajo. Y tenemos derecho a negociarlo. Sólo exigimos lo que hacen nuestras compañeras y compañeros en el resto del Estado al que (pensamos), seguimos perteneciendo.

La situación política y administrativa de Ceuta (sin duda atípica) no puede justificar una usurpación de derechos. Así no funciona la democracia. El Estado debe disponer de los medios y mecanismos suficientes para responder adecuadamente ante cualquier eventualidad que pueda impedir el ejercicio de los derechos constitucionales a un territorio o colectivo concreto.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su Artículo 34 “Mesas de Negociación”, en su apartado 4, dice textualmente: “Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número”

Nadie puede negar que el profesorado de Ceuta (y Melilla) es un sector concreto que se ve afectado por “peculiaridades” indiscutibles.

Tenemos un derecho que no se nos puede arrebatar impunemente como viene sucediendo desde hace veinte años. Nuestro sentido de la responsabilidad como docentes, como trabajadores e incluso como ciudadanos no nos permite seguir militando en la indiferencia. Lo que pasa en nuestros centros, nos importa. Nos jugamos la calidad de la educación y nuestra dignidad profesional. Más allá de lo que posteriormente podamos conseguir en las mesas de negociación, la propia existencia de este órgano es una reivindicación prioritaria que todos debemos apoyar con la energía, la fuerza y el entusiasmo de quien no se resigna ante las injusticias.