La polémica fusión que amenaza el servicio público: expertos alertan sobre los riesgos de la integración

La transformación en sociedad mercantil genera dudas sobre transparencia, calidad del servicio y protección de los trabajadores

El anuncio del consejero de Fomento sobre la integración a una sociedad mercantil, prevista para finales de 2025, ha encendido las alarmas entre usuarios y expertos en gestión pública. Lejos de ser la solución prometida, esta operación podría suponer un retroceso en derechos laborales, transparencia y calidad del servicio público.

Pérdida de control público y opacidad

La conversión en sociedad mercantil implica, según denuncian asociaciones de consumidores, una menor fiscalización ciudadana. "Las empresas públicas no están sujetas al mismo nivel de escrutinio que las administraciones directas", advierte una portavoz de asociaciones de usuarios del transporte. "Esto significa menos transparencia en la gestión de fondos públicos y menor capacidad de los ciudadanos para exigir responsabilidades".

A diferencia de los organismos autónomos, las sociedades mercantiles públicas no tienen obligación de someterse a los mismos controles parlamentarios ni de publicar con el mismo detalle sus cuentas y decisiones estratégicas. Esta opacidad beneficia principalmente a quienes gestionan estos organismos, que quedan menos expuestos al escrutinio público y pueden tomar decisiones sin rendir cuentas de forma inmediata.

Precarización laboral encubierta

Los trabajadores han manifestado su rechazo frontal a la operación. La experiencia en otros sectores demuestra que estas conversiones suelen derivar en externalización de servicios, pérdida de condiciones laborales y eventual privatización.

Los empleados temen que la nueva estructura empresarial sirva de excusa para modificar convenios colectivos, eliminar complementos salariales y facilitar despidos. Además, la contratación de nuevo personal podría realizarse bajo condiciones más precarias que las del actual régimen de empleo público. Los únicos beneficiados de esta flexibilización serían las cúpulas directivas, que ganarían margen de maniobra para reducir costes laborales a costa de la plantilla.

Antecedentes que no invitan al optimismo

La historia reciente ofrece ejemplos preocupantes. Servicios públicos que siguieron este camino terminaron privatizándose parcial o totalmente, con el consiguiente deterioro de la calidad y el aumento de tarifas. "Es un patrón que se repite: primero se transforma en empresa pública, luego se argumenta que necesita socios privados para ser 'más eficiente', y finalmente se vende al mejor postor", explica un economista especializado en gestión pública.

En comunidades vecinas, procesos similares han resultado en despidos masivos, reducción de frecuencias en servicios de transporte y aumento de tarifas para los usuarios, mientras los informes oficiales maquillaban los datos para justificar las decisiones tomadas. ¿Quién sale ganando en este proceso? Principalmente empresas privadas que terminan accediendo a sectores rentables con infraestructuras pagadas con dinero público, y políticos que pueden vender estas operaciones como "modernización" sin asumir responsabilidad directa por los resultados.

El caso de Ceuta: cuando las promesas no se cumplen

En Ceuta ya se han vivido experiencias que demuestran los riesgos de estas transformaciones. La gestión de determinados servicios públicos a través de empresas municipales ha generado numerosas controversias en los últimos años.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVYSA) ha estado envuelta en polémicas relacionadas con la falta de transparencia en sus operaciones y las dificultades para fiscalizar sus actuaciones. Los ciudadanos han denunciado la escasa información disponible sobre las adjudicaciones y la gestión del patrimonio municipal, así como la imposibilidad de exigir responsabilidades con la misma efectividad que si se tratara de gestión directa.

Otro ejemplo es el de PROCESA (Promoción de Ceuta, S.A.), la empresa pública de promoción económica, que ha sido objeto de críticas por los elevados costes de estructura, los salarios de sus directivos y los cuestionables resultados obtenidos en relación con la inversión pública realizada. Las promesas de dinamización económica y creación de empleo no se han materializado en la medida anunciada, mientras que los gastos de funcionamiento se han incrementado significativamente.

La gestión del Puerto de Ceuta a través de la Autoridad Portuaria también ha mostrado las limitaciones del modelo de sociedad mercantil pública, con frecuentes conflictos laborales, denuncias sobre opacidad en las contrataciones y dificultades para que la ciudadanía conozca el detalle de las inversiones realizadas con fondos públicos.

Estos precedentes locales confirman lo que la teoría advierte: la transformación en sociedad mercantil no garantiza mejoras, pero sí genera nuevos problemas de control democrático y transparencia que perjudican al conjunto de la ciudadanía.

El argumento de la eficiencia, en entredicho

El Gobierno regional defiende la medida apelando a una supuesta mayor eficiencia y flexibilidad de gestión. Sin embargo, múltiples estudios académicos cuestionan esta premisa. "No existe evidencia concluyente de que las sociedades mercantiles públicas gestionen mejor que la administración directa", señala un catedrático de Economía Aplicada. "De hecho, muchas veces se añaden capas de burocracia y costes de estructura empresarial sin mejoras reales".

La creación de consejos de administración, direcciones generales y estructuras corporativas propias de una empresa genera gastos adicionales que no existían en la gestión directa, sin garantía alguna de que redunden en mejor servicio. Estos nuevos órganos directivos, con salarios considerablemente superiores a los de la función pública tradicional, representan un coste que acabará pagando el ciudadano, mientras las promesas de ahorro y eficiencia rara vez se materializan.

Falta de debate y participación ciudadana

Otra de las críticas más contundentes apunta a la forma en que se está llevando a cabo el proceso. "Se ha tomado una decisión que afecta a miles de personas sin abrir un debate real, sin estudios de impacto públicos y sin consultar a los afectados", lamenta una plataforma ciudadana en defensa de los servicios públicos.

La ausencia de un análisis coste-beneficio transparente y la precipitación en los plazos —con el compromiso de culminar el proceso antes de fin de año— generan sospechas sobre las verdaderas motivaciones de la operación. Esta prisa beneficia a quienes impulsan el cambio, que evitan así un debate prolongado donde podrían emerger las debilidades de su propuesta y la oposición ciudadana podría organizarse con mayor efectividad.

Alternativas ignoradas

Expertos en administración pública señalan que existen otras vías para mejorar la gestión sin renunciar al carácter público del servicio. La modernización tecnológica, la profesionalización de la gestión o la reforma de procedimientos internos podrían lograr los objetivos proclamados sin los riesgos asociados a la transformación mercantil.

"No hace falta cambiar la naturaleza jurídica para mejorar la eficiencia", insiste un consultor especializado en gestión pública. "Lo que hace falta es voluntad política y planificación, no atajos que suelen esconder otros intereses". El problema es que estas alternativas requieren esfuerzo, paciencia y no generan los titulares ni las oportunidades de negocio que interesan a ciertos sectores políticos y empresariales.

¿A quién beneficia realmente esta transformación?

Mientras el expediente avanza en los despachos oficiales, crece la inquietud sobre el futuro del servicio. Los usuarios temen que esta sea la antesala de una privatización encubierta, los trabajadores se movilizan para defender sus derechos, y los expertos advierten sobre los peligros de un modelo que prioriza la lógica mercantil sobre el interés general.

El consejero de Fomento celebra los "avances logrados", pero un análisis detallado revela que los principales beneficiarios de esta operación serían:

Altos cargos directivos: que verán incrementados sus salarios y reducida su responsabilidad directa ante el control parlamentario.

Consultoras y bufetes: que facturarán jugosas cantidades por asesorar en el proceso de transformación y en la posterior reestructuración.

Futuras empresas privadas: que podrán entrar en el capital cuando se argumente que la sociedad mercantil necesita "socios estratégicos" para ser competitiva.

Responsables políticos: que podrán presentar la operación como una reforma modernizadora sin asumir directamente las consecuencias de su gestión.

¿Y quién pierde? Los trabajadores, que verán precarizadas sus condiciones laborales. Los usuarios, que probablemente pagarán más por un servicio de menor calidad. Y los ciudadanos en general, que perderán control democrático sobre un servicio financiado con sus impuestos.

Para muchos ciudadanos, estos "avances" parecen más bien un retroceso en la defensa de lo público. Las mejoras prometidas mayor eficiencia, mejor servicio, modernización suelen quedar en el papel, mientras que los perjuicios opacidad, precarización, encarecimiento se materializan inevitablemente.

La experiencia demuestra que cuando se antepone la lógica mercantil al servicio público, los únicos que realmente se benefician son quienes tienen poder de decisión y acceso privilegiado a las oportunidades de negocio que se generan. El resto, simplemente, paga las consecuencias. Y en Ceuta, lamentablemente, ya hemos  vivido esta pelicula.

Jose Antonio Carbonell Buzzian