Cuando el silencio institucional se convierte en negligencia
31 de julio de 2025 (17:56 h.)
En una democracia madura, las instituciones están obligadas no solo a gobernar, sino a rendir cuentas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin embargo, parece haber olvidado esta premisa básica del funcionamiento institucional. Modificó el Reglamento de la Asamblea para limitar la participación política de los grupos de la oposición y, desde entonces, ha perfeccionado una estrategia de evasión y opacidad con discursos vacíos, respuestas propagandísticas, e incluso el desprecio sistemático a las preguntas por escrito que, en demasiadas ocasiones, quedan sin contestar.
Pero más allá de los procedimientos administrativos y del juego político, hay asuntos que trascienden, uno de ellos es la violencia de género. Y lo que está ocurriendo en Ceuta no puede calificarse más que de bochornoso.
Mientras el Gobierno se felicita por traer al Pleno un Plan de Igualdad, lo que no dice es que ese plan lleva años caducado. Que debería haberse renovado periódicamente. Que el Consejo Sectorial de la Mujer ha estado paralizado durante años. Y que, cuando se les pregunta por qué no se convoca, primero culpan al COVID y luego a las propias entidades por no participar. ¿No sería más honesto preguntarse por qué esas entidades no acuden? ¿Por qué se sienten excluidas, desoídas, ignoradas?
Tampoco se ofrece ninguna explicación clara sobre el uso del dinero procedente del Pacto de Estado contra la violencia de género. Hay publicidad, sí. Campañas, jornadas, merchandising. Pero ¿qué hay detrás, por ejemplo, del expediente completo del centro de crisis 24 horas? ¿Cómo son los contratos y los pliegos de formación o de los puntos violetas? ¿Qué queda de todo eso una vez que se apagan las luces del acto institucional?
La situación es aún más grave cuando se trata de proteger a las víctimas. Recientemente, se ha conocido el caso de una sentencia firme por acoso sexual, con condena ratificada, que no ha merecido ni un solo gesto por parte del Gobierno local. No ha habido expediente. No ha habido condena pública. No ha habido siquiera una muestra de empatía. La respuesta oficial ha sido que la sanción está prescrita. Pero en los delitos de carácter sexual, especialmente en los casos de acoso, no se trata solo de plazos administrativos. Se trata de ética institucional. Se trata de mostrar que esta administración no tolera ni va a blanquear ninguna conducta que atente contra la dignidad de las mujeres.
Lo más indignante es que se haya llegado a señalar a la víctima por no haber ratificado una denuncia. ¿Sabe la consejera competente en materia de igualdad cuántas mujeres, incluso tras una condena, no ratifican por miedo, por presión, por agotamiento psicológico? ¿Sabe lo que implica pasar sola un proceso judicial? ¿Sabe lo que cuesta hablar cuando todas las estructuras institucionales te dan la espalda?
Este no es un artículo contra nadie. Es una llamada de atención a favor de algo mucho más grande, el buen gobierno, el compromiso ético y la responsabilidad institucional. Las instituciones no solo deben funcionar bien, deben proteger, amparar y ser ejemplo.
Y frente a la frivolización, la invisibilización y la impunidad, toca decirlo alto y claro, la violencia sexual no prescribe. La obligación moral de una administración pública de actuar con firmeza, tampoco.
Pero más allá de los procedimientos administrativos y del juego político, hay asuntos que trascienden, uno de ellos es la violencia de género. Y lo que está ocurriendo en Ceuta no puede calificarse más que de bochornoso.
Mientras el Gobierno se felicita por traer al Pleno un Plan de Igualdad, lo que no dice es que ese plan lleva años caducado. Que debería haberse renovado periódicamente. Que el Consejo Sectorial de la Mujer ha estado paralizado durante años. Y que, cuando se les pregunta por qué no se convoca, primero culpan al COVID y luego a las propias entidades por no participar. ¿No sería más honesto preguntarse por qué esas entidades no acuden? ¿Por qué se sienten excluidas, desoídas, ignoradas?
Tampoco se ofrece ninguna explicación clara sobre el uso del dinero procedente del Pacto de Estado contra la violencia de género. Hay publicidad, sí. Campañas, jornadas, merchandising. Pero ¿qué hay detrás, por ejemplo, del expediente completo del centro de crisis 24 horas? ¿Cómo son los contratos y los pliegos de formación o de los puntos violetas? ¿Qué queda de todo eso una vez que se apagan las luces del acto institucional?
La situación es aún más grave cuando se trata de proteger a las víctimas. Recientemente, se ha conocido el caso de una sentencia firme por acoso sexual, con condena ratificada, que no ha merecido ni un solo gesto por parte del Gobierno local. No ha habido expediente. No ha habido condena pública. No ha habido siquiera una muestra de empatía. La respuesta oficial ha sido que la sanción está prescrita. Pero en los delitos de carácter sexual, especialmente en los casos de acoso, no se trata solo de plazos administrativos. Se trata de ética institucional. Se trata de mostrar que esta administración no tolera ni va a blanquear ninguna conducta que atente contra la dignidad de las mujeres.
Lo más indignante es que se haya llegado a señalar a la víctima por no haber ratificado una denuncia. ¿Sabe la consejera competente en materia de igualdad cuántas mujeres, incluso tras una condena, no ratifican por miedo, por presión, por agotamiento psicológico? ¿Sabe lo que implica pasar sola un proceso judicial? ¿Sabe lo que cuesta hablar cuando todas las estructuras institucionales te dan la espalda?
Este no es un artículo contra nadie. Es una llamada de atención a favor de algo mucho más grande, el buen gobierno, el compromiso ético y la responsabilidad institucional. Las instituciones no solo deben funcionar bien, deben proteger, amparar y ser ejemplo.
Y frente a la frivolización, la invisibilización y la impunidad, toca decirlo alto y claro, la violencia sexual no prescribe. La obligación moral de una administración pública de actuar con firmeza, tampoco.
Sandra López Cantero