Treinta y siete hombres de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local y Fuerzas Armadas con destino en Ceuta han pasado a ser mujeres a lo largo del último año. Al menos, desde el punto de vista registral: la Ley Trans permite eludir los tratamientos hormonales, y para cambiar de sexo basta con un trámite burocrático.
Según la información publicada hoy por el diario El Español (pinchar sobre el nombre del medio para leer el contenido de la misma, solo para suscriptores), "Estos datos apuntan a que se estaría cometiendo un fraude masivo a la Ley Trans en Ceuta. Estas personas no estarían cambiando su sexo por ser personas transexuales, sino para obtener distintos beneficios al pasar a ser oficialmente mujeres". El rotativo dirigido por Pedro J. Ramírez cita fuentes juridicas.
Entre los beneficios por ser mujeres, "en el caso del Ejército, la Ley de Tropa y Marinería estableció la salida de las Fuerzas Armadas de los soldados temporales al cumplir los 45 años. Como conseguir una plaza fija es muy difícil, hay muchos militares que optan luego por hacer oposiciones para entrar en la Guardia Civil o la Policía Nacional. De hecho, la Guardia Civil reserva plazas para los opositores que vienen del Ejército. En este caso, los opositores se presentarán a unas pruebas físicas específicas para mujeres, que son menos exigentes que las pruebas de los hombres. También podrían servir para conseguir un puesto con mayor facilidad que si apareciesen en el registro como varón". También, y a pesar de que legalmente ya no existen las plazas reservadas exclusivamente para mujeres, si hay algunas con una mayor presencia femenina.
Igualmente, a la hora de un divorcio o una baja por maternidad y desde el punto de vista legal, las madres no gestantes son, a efectos legales, tan madres como las biológicas.El periódico pone el acento en la ausencia de un juez titular del Registro Civil en la Ciudad Autónoma. Esto queda, en estos momentos, en manos de un funcionario que incurriría en un delito de prevaricación si se negase a tramitar estos cambios, al no tener la potestad legal de la que si dispone un juez.
