ALBERGUE

Dos licitadores optan al albergue y Ramírez defiende "la transparencia" del proceso

Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno, durante una comparecencia / Laura Ortiz

Alejandro Ramírez confirma dos ofertas para la licitación del albergue y asegura que el proceso es "transparente". El PSOE impugna el expediente por supuestas "irregularidades técnicas y jurídicas".

El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha confirmado que el plazo para presentar ofertas al procedimiento de licitación del albergue concluyó el pasado viernes, y que finalmente han sido dos las empresas que se han presentado. Ramírez ha subrayado que se trata de un procedimiento “con total transparencia” y que sigue los cauces habituales establecidos por la legislación en materia de contratación pública.

En relación a las críticas del Grupo Socialista, Ramírez ha respondido con ironía que “habrá que preguntarles si los dos licitadores son de su agrado”, en alusión a las dudas planteadas por la oposición sobre el proceso.

El siguiente paso será la convocatoria de la mesa de contratación, que evaluará la documentación presentada, verificará que se cumplan los criterios técnicos y económicos exigidos y procederá a puntuar las ofertas. Una vez finalizada esta fase, se abrirá un periodo para posibles reclamaciones por parte de las empresas licitadoras.

“El procedimiento es garantista, tanto para la administración como para los propios licitadores”, ha insistido Ramírez, quien ha reiterado que no hay motivos para cuestionar el proceso iniciado y ha señalado que todo se desarrollará conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, el PSOE ha presentado este lunes un recurso de reposición contra la licitación, alegando “defectos de nulidad” y señalando hasta quince irregularidades jurídicas y técnicas en el expediente. Los socialistas cuestionan la competencia del ente Procesa para gestionar la licitación y denuncian la falta de informes esenciales, como un estudio de mercado, una memoria justificativa y un documento técnico sobre el inmueble. Además, alertan sobre cláusulas que podrían vulnerar los principios de igualdad, libre concurrencia y eficiencia en el gasto público.