Tras la rueda de prensa del PSOE de este martes, en la que su secretario general, Miguel Ángel Pérez Triano, sembraba las dudas sobre el proceso para la adquisición de un inmueble que se destinará al establecimiento de un albergue provisional para personas sin hogar, este miércoles el asunto se ha convertido en objeto de debate en la sesión de control al Gobierno. Así, el portavoz socialista en la Asamblea ha vuelto a manifestar algunas de las dudas que esta licitación genera a los socialistas, remarcando que consideran el proyecto como “loable” pero insistiendo que son muchas las “dudas” que les genera el procedimiento.
Y es que, ha insistido sobre lo ya dicho ayer por su secretario general, “el pliego de condiciones es sorprendente, con un sin fin de detalles que parecen describir un inmueble existente” y con “requisitos sospechosamente concretos”. Es esto, ha subrayado, lo que “nos hace pensar que esto no es una licitación, sino una adjudicación a dedo”, lamentando que “cuando una necesidad legítima se convierte en en una operación opaca y sospechosa, es un grave problema político y también ético”.
La encargada de dar respuesta, no solo a la interpelación, sino también a la rueda de prensa de este martes, ha sido la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, quien ha acusado al PSOE de hacer la interpelación “sin conocer el expediente, las necesidades y el trabajo técnico realizado por Servicios Sociales y PROCESA”. La consejera ha señalado, además, que los socialistas “han hecho unas acusaciones bastante graves y espero que tengan pruebas” porque, ha insistido, “usted lo que está diciendo claramente es que hemos amañado un pliego de condiciones técnicas para que haya un beneficiario”.
Algo que, ha asegurado Chandiramani, no se corresponde con la realidad. En este sentido, ha explicado, el expediente para la licitación de esta adquisición, cuenta con el pliego de condiciones administrativas que ha pasado por la Secretaría General, el informe de fiscalización de Intervención, el informe que indica el precio firmado por los técnicos de PROCESA, la orden de contratación firmada por la consejera de Servicios Sociales y el inicio del expediente, firmado por ella misma. Unos filtros, ha explicado, a los que se suman el del Ministerio de Asuntos Sociales y el de los auditores de la Unión Europea, por tratarse de un proyecto financiado con fondos procedentes de la misma.
“Me parece extraño que, después de pasar por tantos filtros, diga que este expediente es un corta y pega”, ha señalado, “que diga que va amañado y dirigido”. La consejera, además, ha contestado a algunas de las dudas puesta sobre la mesa por el PSOE, como que puntúe en la licitación la menor distancia de las instalaciones de la Consejería. En este sentido, Chandiramani ha señalado que ni de lejos es el requisito de más peso en la puntuación, insistiendo en que el menor precio y el mayor tamaño del inmueble suponen un mayor peso. Además, ha justificado esa cercanía en el criterio de los propios trabajadores de Servicios Sociales, que consideran que una mayor cercanía permite las intervenciones necesarias con mayor facilidad.
La respuesta, en cualquier caso, no ha satisfecho al PSOE, quien ha recordado al Gobierno que “es nuestra obligación fiscalizar su gestión” y ha asegurado que “no acusamos, solo le pedimos explicaciones”. Sebastián Guerrero, portavoz socialista, ha insistido en que “hay numerosos documentos en el expediente que presentan errores internos, alude a cláusulas que no existen, confunde conceptos jurídicos y técnicos...” ha explicado, recriminando, además, a la consejera que “sabe que esos fondos son para generar infraestructuras, no para adquirir inmuebles”.
