El Gobierno de Ceuta, de acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería pero sin olvidar el apoyo económico

La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para agilizar el traslado de los menores extranjeros no acompañados desde los territorios colapsados a otros puntos del país, es sin duda uno de los asuntos que está marcando la agenda política en Ceuta en esta jornada de martes. Una cuestión a la que ya se refería el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, minutos antes de su comunicación oficial, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que esta misma mañana el presidente canario, Víctor Clavijo, comunicara al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, los extremos del acuerdo cuyo documento final, ha señalado el portavoz del Gobierno local, aún no está en manos del Gobierno Autonómico.

Pese a ello, el Gobierno de la Ciudad sí ha querido hacer una primera reflexión sobre este acuerdo, señalando, en primer lugar que el Gobierno de la Ciudad ha defendido siempre que el asunto relativo a la acogida de menores migrantes no acompañados debe ser abordado desde una perspectiva estructural y teniendo en cuenta que “se trata de un asunto de todos y no sólo de nuestras fronteras terrestres o marítimas”. Así, ha insistido, “la situación es insostenible tanto en Canarias como en Ceuta pero en un futuro, más o menos inmediato, lo puede ser en cualquier otro territorio del conjunto de España”.

En base a este planteamiento, ha continuado el portavoz del Gobierno durante su intervención, “el Gobierno de la Ciudad ha defendido, y sigue defendiendo, la modificación del artículo 35 de la vigente Ley de Extranjería, al objeto de establecer un mecanismo ágil para evitar las situaciones de colapso del sistema de acogida que puedan producirse en cualquiera de nuestras Comunidades y Ciudades Autónoma, y ello mediante la regulación del traslado de menores entre comunidades cuando en alguna o algunas se produzca una saturación del sistema de acogida, según criterios de reparto objetivos y contando con la correspondiente financiación de la Administración General del Estado; es decir, una solución estructural, justa, equilibrada y solidaria en el marco de una política de Estado consecuente con los principios que son pilares de nuestro ordenamiento constitucional”.

Es por ello, ha subrayado, que “el Gobierno de la Ciudad apoya la anunciada iniciativa que se someterá en el día de hoy al Consejo de Ministros”, siempre que la misma contemple los objetivos y condiciones anteriormente señalados, y ha insistido en un punto clave, que hasta que no se culmine la aprobación y aplicación de la referida reforma legal, la situación de Ceuta sigue siendo insostenible desde el punto de vista financiero y presupuestario, “razón por la que resulta inaplazable la ayuda del Estado para socorrer el mencionado déficit”.

Y es que el sobrecoste estimado de la acogida de menores extranjeros no acompañados para este año es de 11 millones de euros, de algo menos de un millón al mes, y desde el Ejecutivo local se sigue insistiendo en que es básico que el Gobierno de la Nación aporte esta cantidad, pues la recogida estructuralmente solo recoge la acogida de en torno a 100 menores, siendo la cifra actual de alrededor de 400. 

Ramírez ha culminado su intervención señalando que, en caso de que se produzca el traslado, evidentemente, esa cantidad no tendría que solicitarse al Estado. Un escenario que sería el ideal pues supondría, ha explicado, que Ceuta ha salido de la situación de colapso que vive desde el pasado año.