En los últimos años, Ceuta ha visto cómo se incrementaba la llegada de migrantes, especialmente menores, que lo hacen en condiciones de vulnerabilidad extrema. Muchos de estos menores, que a menudo viajan sin acompañantes, se encuentran en una situación de desamparo, y las autoridades locales luchan por ofrecerles atención adecuada. Este contexto de frontera caliente ha generado una presión constante sobre el sistema de acogida de menores, con situaciones de hacinamiento y falta de recursos en los centros de acogida. Las comunidades autónomas, como la de Ceuta, se han visto desbordadas, situándose la capacidad de acogida actual excedida en torno al 400 por ciento.
De este modo, en el Consejo de Ministros, celebrado esta mañana, se ha aprobado una histórica modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, La modificación, según Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Administración Pública de España responde a una demanda que los territorios fronterizos han elevado durante las últimas cuatro décadas, pretende proporcionar una respuesta estructural al fenómeno migratorio que afecta a estas regiones.
También Víctor Torres ha destacado que esta modificación constituye un "hito de interés superior del menor histórico" y una respuesta a una "demanda histórica" que se ha reclamado "en los últimos 30-40 años". En su intervención, el ministro ha expresado que, como natural de un territorio fronterizo, conoce de primera mano los desafíos que enfrentan estas comunidades, afirmando: “Es la primera vez que un Consejo de Ministros aprueba una modificación legislativa demandada por los territorios fronterizos en estas décadas.”
El nuevo real decreto-ley aprobado por el gobierno se basa en los trabajos previos realizados con los grupos políticos y las comunidades autónomas. El ministro ha explicado que, “a pesar de que el proyecto de ley presentado el 23 de julio del año pasado no fue admitido a trámite, esta nueva legislación ha logrado incorporar el apoyo de varios grupos políticos, incluidos Junts per Catalunya”, lo que garantiza la posibilidad de convalidación del decreto-ley en el Congreso de los Diputados.
“Desde el Gobierno de España, tendemos la mano a todos los partidos, incluso a aquellos que votaron en contra en el pasado, como el Partido Popular y Vox, para que reflexionen y cambien el sentido de su voto en defensa de los derechos humanos y del interés superior del menor”, afirma Torres. En su intervención, ha insistido en la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva de solidaridad equitativa, subrayando que la modificación del artículo 35 tiene como objetivo “crear un sistema más eficiente de distribución de los menores” entre las comunidades autónomas.
El contenido de la reforma. El artículo 35 de la Ley de Extranjería se modifica con la introducción de cuatro añadidos: 35.2, 35.3, 35.4 y 35.5. Cada uno de ellos establece nuevas directrices sobre cómo gestionar la distribución de los menores no acompañados en España.
El artículo 35.2 establece que, en el caso de que una comunidad autónoma vea multiplicada por tres su capacidad ordinaria de acogida, esa comunidad se encuentra en una "contingencia migratoria", lo que activará los mecanismos previstos en el decreto para la redistribución de los menores entre otras regiones. En palabras de Torres, “cualquier comunidad autónoma que tenga en un momento determinado una presencia de menores no acompañados extranjeros que multiplique por tres su capacidad ordinaria estará en contingencia migratoria, y deberá trasladar su situación al Gobierno de España para activar los mecanismos de este Real Decreto-ley.”
Por su parte, el artículo 35.3 establece una serie de criterios para la distribución de los menores entre las comunidades autónomas. Los criterios incluyen un 50% por población, un 13% por renta per cápita, un 15% por tasa de paro y un 6% por el esfuerzo realizado, entre otros. Torres destacó que estos criterios se basan en las conferencias sectoriales de 2022, 2023 y 2024, y que en el pasado ya fueron apoyados por gobiernos de diferentes signos políticos, incluidos los del Partido Popular.
En cuanto al artículo 35.4, establece que una vez que un menor no acompañado sea registrado y se asegure la intervención de la fiscalía del menor, se procederá a su distribución en un plazo de 15 días. Además, se especifica que el proceso de reubicación de estos menores en comunidades autónomas que tienen capacidad suficiente debe completarse en un plazo de 12 meses. Por último, el artículo 35.5 refuerza los criterios y establece la suficiencia económica para implementar esta reforma, con la creación de una bolsa de 100 millones de euros destinada a financiar los traslados y la sobreocupación de los centros de acogida.
El apoyo de las comunidades autónomas. En cuanto a la implicación de las comunidades autónomas, el ministro ha subrayado que “el gobierno ha buscado siempre el consenso y la colaboración, reconociendo la autonomía de las regiones para tomar decisiones dentro del marco de este decreto-ley”. Además, Torres ha aclarado que, a pesar de que el Real Decreto-ley otorga un mayor protagonismo al Gobierno central, se respetan los mecanismos de decisión de las comunidades autónomas, que podrán modificar cualquier aspecto del real decreto dentro de la conferencia sectorial de infancia y adolescencia.
"Es fundamental garantizar que las comunidades autónomas mantengan su autonomía, pero también es necesario un marco normativo común que asegure una distribución justa y equitativa de los menores", ha explicado Torres.
El ministro también ha hecho un llamado a la reflexión sobre las condiciones en las que actualmente viven muchos menores no acompañados en los territorios fronterizos. Torres ha invitado a los miembros de los partidos políticos a visitar los centros de acogida y ver de primera mano la situación de hacinamiento y falta de recursos que padecen los menores. “En espacios donde caben 20 personas hay 300. Son jóvenes de 15, 10 o incluso 5 años, y no pueden ni siquiera ser escolarizados en condiciones mínimas de dignidad”, ha añadido.
Para finalizar su intervención, Torres ha apelado a la unidad política y al concepto de “Estado”, subrayando que la cuestión de los menores no acompañados no tiene que ver con el color de la piel, sino con la protección de los derechos humanos. “Fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores tras la invasión de Ucrania, y esos mismos menores son los que ahora llegan a nuestras costas. Tienen las mismas edades, lo único que les diferencia es el color de la piel. Necesitamos tener criterio de Estado y defender los derechos de todos los niños, independientemente de su origen”, ha concluído.
