El Ilustre Colegio de la Abogacía de Ceuta (ICACE), denuncia las deficiencias de la plataforma HORUS y el Expediente Judicial Electrónico.
Los abogados y abogadas pertenecientes al ICACE han expresado su profunda preocupación por las dificultades que tienen para el acceso al expediente judicial electrónico (EJE) a través de la plataforma HORUS.
Si bien consideran que es un gran avance la digitalización de la Justicia y poder acceder desde sus despachos al expediente judicial electrónico, la implementación del mismo está generando graves deficiencias que afectan al derecho de defensa y al acceso en igualdad de condiciones que el resto de operadores jurídicos a la información procesal.
Actualmente, los jueces y fiscales tienen mayor facilidad de acceso que los abogados y procuradores, lo que afecta la igualdad de armas en el proceso judicial.
Entre las principales deficiencias detectadas cabe destacar las siguientes:
.- Los expedientes judiciales que se encuentran en la plataforma Horus a la que acceden los profesionales del derecho no tienen todo el contenido utilizado por el órgano judicial.
.- Dificultad en el acceso al EJE por fallos técnicos recurrentes que impiden acceder al sistema o visualizar determinados acontecimientos del mismo.
.- El EJE no tiene un índice claro, ni sigue una estructura predeterminada que facilite el acceso a todos los documentos del expediente.
.- Falta de conexión entre distintos sistemas judiciales autonómicos, que dificulta el trabajo de los profesionales del derecho por imposiblidad de acceder al EJE cuando se trata de procedimientos o recursos que se tramitan en otra Comunidad Autónoma.
La abogacía de Ceuta tiene dificultades para acceder a los expedientes judiciales electrónicos, mientras otros operadores jurídicos disponen de herramientas más eficientes, poniéndose con ello en riesgo el derecho de defensa.
La situación ha llegado a un punto crítico, y no se puede continuar así. Deben desaparecer los obstáculos para el acceso al expediente judicial electrónico.
Ante esta situación, exige medidas urgentes por parte del Ministerio de Justicia y Órganos competentes para corregir estas deficiencias (EJE), y establecer garantías mínimas para que la transformación digital no vulnere el derecho de defensa.
