La ARP, sindicato reformista, ha puesto en manifiesto una serie de órdenes emanadas por la Dirección General de la Policía con motivo de la celebración del bicentenario de la Policía Española. La controversia se centra en instrucciones específicas para actos con elementos religioso-militares que afectan a los funcionarios, generando una clara preocupación por parte de este colectivo.
El sindicato recalca la inconformidad con la disposición del Jefe Superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino Cruz, en la que se invita a "actores de la sociedad civil y militar" para eventos programados en distintas ciudades del Principado. La advertencia incluye la presencia de himnos y toques de oración, actividades consideradas impropias en un cuerpo civil como es la Policía Nacional. También se cuestiona la presencia de alumnos en prácticas para izar la bandera en lugares públicos, cuando estos carecen de la suficiente consolidación como funcionarios para oponerse a estas medidas.
De igual forma, la ARP expresa su preocupación por la orden de obligar a los funcionarios libres de servicio a participar en estos eventos, ignorando la voluntariedad de su participación y vulnerando el principio de neutralidad, confundiendo funciones religiosas con estatales. Se alega una clara violación al artículo 104 de la Constitución Española, que garantiza la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, algo que se siente amenazado por estas imposiciones.
El sindicato demanda una revisión urgente de estas órdenes con componentes religiosos-castrenses, solicitando al Ministerio del Interior del Gobierno de la Nación que evite la imposición obligatoria de participación a los funcionarios en eventos que consideran no democráticos y que vulneran sus derechos fundamentales.
La ARP concluye su comunicado apelando a la revisión y rectificación de estas directrices para preservar los principios democráticos y respetar la voluntad y libertad de los funcionarios en el ejercicio de sus deberes.
