Varias asociaciones de guardias civiles han reclamado formalmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se suprima del proyecto de modificación del Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros la cláusula que permitiría a solicitantes de regularización presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales cuando su país de origen no haya remitido el certificado oficial en el plazo de un mes.
La petición ha sido suscrita por Jucil, la Unión de Oficiales, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGS), ASES-GC y la Asociación de Cabos, que han remitido un documento conjunto al titular de Interior solicitando que se oponga a la inclusión de dicho apartado en el texto definitivo.
El punto controvertido del proyecto de Real Decreto
Según ha informado Jucil en un comunicado, el proyecto de Real Decreto contempla que, una vez solicitado el certificado de antecedentes penales al país de origen, si no se recibe respuesta en el plazo de un mes, el interesado pueda aportar una declaración responsable en la que afirme carecer de antecedentes.
Para las asociaciones firmantes, este mecanismo supone una modificación sustancial del sistema de garantías actualmente exigido en los procedimientos de regularización administrativa de personas extranjeras.
En su escrito dirigido al ministro del Interior, las organizaciones sostienen que esa previsión “debe suprimirse del texto final”, al considerar que permitiría la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo.
Argumentos de las asociaciones de guardias civiles
Las asociaciones advierten de que la introducción de esta cláusula “deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía” y, además, podría generar un riesgo para los agentes de la autoridad encargados de la aplicación y control de la normativa.
En el documento remitido a Fernando Grande-Marlaska, subrayan que la posibilidad de sustituir un certificado oficial por una declaración firmada por el propio solicitante abriría, a su juicio, “una puerta abierta para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países”.
Desde esta perspectiva, insisten en que la acreditación de la inexistencia de antecedentes penales debe realizarse mediante documentación oficial, y no a través de una simple manifestación personal.
Solicitud formal al ministro del Interior
En su condición de máximo responsable de la seguridad, las asociaciones han solicitado formalmente al ministro del Interior que se oponga a la inclusión de este apartado en la modificación del Reglamento.
Las organizaciones firmantes reiteran que no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores. A su juicio, la exigencia de un certificado expedido por las autoridades competentes constituye una garantía básica dentro del procedimiento administrativo.
El comunicado difundido por Jucil recoge que las asociaciones consideran imprescindible mantener ese requisito como condición previa a cualquier proceso de regularización, evitando que una declaración responsable sustituya al documento oficial cuando no se haya recibido respuesta del país de origen en el plazo previsto.
Debate sobre la modificación del Reglamento de Extranjería
El punto cuestionado por las asociaciones de guardias civiles afecta específicamente al requisito de acreditación de antecedentes penales en el marco de los procesos de regularización. Según lo previsto en el proyecto, la falta de respuesta del país de origen en el plazo de un mes habilitaría al solicitante a presentar una declaración responsable en sustitución del certificado oficial.
Las organizaciones firmantes sostienen que esa previsión debe eliminarse del texto final, al considerar que compromete las garantías vinculadas a la seguridad y al control administrativo.
