En un contexto marcado por la reciente intervención del Tribunal Supremo en relación con el tratamiento de menores no acompañados en las Islas Canarias, el Consejero de Fomento de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha ofrecido su valoración sobre la posible incidencia de la sentencia en el reparto de menores en la ciudad autónoma. Según declaraciones recogidas por los medios, Ramírez enfatizó que, tras un primer análisis, los equipos jurídicos de Ceuta consideran que la decisión del Tribunal Supremo no debería afectar al Real Decreto ley recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, que establece nuevos criterios para el reparto de menores.
La sentencia del Tribunal Supremo, dictada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, exige al Gobierno de la Nación que, en un plazo improrrogable de 10 días, garantice el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional para aquellos menores que, actualmente, están al cuidado de los servicios de protección de menores en las Comunidades Autónomas de Canarias. La medida cautelar, de carácter positivo, se enmarca en el cumplimiento del principio del superior interés del menor y establece que, una vez transcurrido el plazo, se convocará una vista pública para evaluar el cumplimiento de la medida.
Esta intervención judicial afecta a unos 1.000 menores no acompañados, solicitantes de asilo o que han manifestado su intención de solicitar protección internacional. El Tribunal ha insistido en la necesidad de que la Administración estatal colabore estrechamente con la Comunidad Autónoma requirente para adoptar las medidas necesarias en favor de estos menores. No obstante, la propuesta del Gobierno de la Nación, que fue aprobada en un Real Decreto ley hace apenas una semana, y que contempla nuevos criterios de reparto, ha sido evaluada por los equipos jurídicos de Ceuta, quienes sostienen que la reciente sentencia no incidirá en el reparto de menores en nuestra ciudad.
Ramírez precisó: "En el primer análisis que hemos realizado, los equipos jurídicos consideran que la sentencia del Tribunal Supremo no debe tener incidencia en la aplicación del Real Decreto ley aprobado recientemente. No vemos un impacto negativo en nuestro proceso de reparto de menores".
El Real Decreto ley, que surge en el marco de las políticas de protección y atención a menores, busca garantizar un reparto equitativo y organizado de los menores en función de criterios objetivos establecidos a nivel nacional. En Ceuta, esta normativa es especialmente relevante dada la particular situación migratoria y la presión en materia de acogida de menores que enfrenta la ciudad.
Ante esta coyuntura, el Gobierno de Ceuta reafirma su compromiso de cumplir con las normativas vigentes y de trabajar en estrecha colaboración con las autoridades nacionales para que la aplicación del Real Decreto ley no se vea comprometida. La administración local, por su parte, continuará ofreciendo el soporte necesario a los equipos jurídicos y operativos para asegurar que el reparto de menores se realice de manera eficiente y en beneficio de toda la comunidad.
