Además de la culpabilidad de Alonso Guzmán Domínguez en el asesinato de su mujer, María Ángeles Lozano, el juicio por el crimen de Parques de Ceuta, desarrollado a lo largo de las últimas dos semanas, ha dejado en evidencia la ausencia de controles psiquiátricos rigurosos en la Policía Local. Así lo plantearon durante sus informes finales todas las partes, a excepción del letrado de la propia Ciudad Autónoma. Tanto Fiscalía, como acusación particular e incluso la defensa del hombre -que era agente municipal y padece bipolaridad y trastornos paranoides- afearon que el único control al que se le sometió para determinar si podía portar o no el arma fuera un test que él mismo completaba. Además, el último cuestionario de esta índole se le realizó más de tres años antes de que ocurrieran los hechos.
El ahora declarado culpable había visto como le retiraban el arma en dos ocasiones. Una en el año 2001 y otra en 2007. Ambas por motivos diversos. La primera por acudir al puesto de trabajo en chanclas y otra al diagnosticarle ansiedad. Pasado un breve periodo de tiempo acabaron por devolvérsela y no se le realizaron -tal y como se demostró en la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta- más exámenes psiquiátricos que los test anteriormente citados.
En ellos era el mismo agente -que llevaba alrededor de dos décadas diagnosticado según la psiquiatra a la que acudía en Algeciras- quien rodeaba con círculos las opciones de respuesta. "Podía omitir lo que considerara porque no se hacía un examen en profundidad para complementar el cuestionario", recordaron tanto la Fiscalía como el abogado de la acusación particular. "Se le dio un arma a un hombre enfermo", subrayó por su parte la letrada de la defensa.
Durante la vista oral intervinieron responsables de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma, quienes reconocieron que este mecanismo era y es el que se emplea y achacaron a la pandemia del Covid que el último test que se le realizó a Guzmán fuera más de tres años antes de que el 14 de marzo de 2022 disparara a su esposa con el arma reglamentaria.
Aunque el jurado ha considerado en su veredicto que las enfermedades mentales del hombre no le impidieron saber con conciencia plena lo que hacía, la Ciudad se enfrenta al posible pago de más de 800.000 euros de indemnización a los familiares de Lozano. Además, sus controles sobre a quién entrega una pistola están en el punto de mira.
