La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha lanzado una dura crítica contra las aseguradoras sanitarias que prestan servicio a través de las mutualidades de funcionarios, denunciando una caída significativa en la calidad asistencial pese al reciente acuerdo económico alcanzado con el Gobierno.
Según informa el sindicato, las compañías aseguradoras no están trasladando a los profesionales sanitarios ni a los hospitales el aumento de la prima —un 41,2% más— que el Ejecutivo concedió con el objetivo de mejorar la calidad del concierto sanitario. Este desfase está provocando una alarmante retirada de hospitales del sistema, así como una reducción general de la oferta médica en varias comunidades autónomas, lo que, a juicio de CSIF, pone en riesgo la viabilidad del modelo de mutualismo administrativo.
La situación se ha agravado en las últimas semanas con la retirada de HM Hospitales de los convenios con Mugeju e Isfas en Cataluña, así como la salida del grupo Quirón Salud del acuerdo con Isfas a través de Adeslas. También se suman los precedentes de la aseguradora DKV, que no renovó su concierto con las mutuas, y de Sanitas y Mapfre, que decidieron no participar en Mugeju por desacuerdos económicos.
“El modelo ha sido salvado por todas las partes, pero no tiene sentido que ahora, con un presupuesto reforzado, no se garantice una financiación adecuada a médicos y hospitales”, denuncia CSIF. “No vamos a consentir que los mutualistas se conviertan en asegurados de segunda categoría”, han advertido.
El sindicato ha exigido la intervención inmediata del Consejo General de Muface para supervisar las negociaciones en curso entre aseguradoras y proveedores sanitarios, que concluirán el próximo 23 de abril. Reclaman que se garantice la misma cartera de servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud, incluyendo la cobertura en hospitales de referencia, especialmente en áreas críticas como la oncología.
La firma del nuevo concierto sanitario para los próximos tres años está prevista para después de Semana Santa, con entrada en vigor en el mes de mayo. Sin embargo, las cifras actuales reflejan una pérdida de confianza: según datos del último Consejo de Muface, a fecha 31 de enero de 2025 más de 45.000 mutualistas abandonaron el modelo, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior.
No obstante, CSIF ha recordado que los funcionarios que optaron por pasarse al sistema público en medio de la crisis sanitaria podrán regresar a lo largo de mayo y junio, una oportunidad que consideran clave para mantener la viabilidad del modelo a largo plazo.
El sindicato ha pedido al Gobierno un compromiso firme con la defensa del mutualismo administrativo, que ha funcionado de forma eficaz durante décadas, y ha criticado que se utilice el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) como excusa para desmantelar este sistema. “No aceptamos que se sacrifique la calidad asistencial por la cicatería de las aseguradoras. Vamos a intensificar nuestra interlocución hasta que se cierren los acuerdos el próximo día 23”, concluyen desde CSIF.
