La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno que garantice la jubilación parcial anticipada a todo el personal de las administraciones públicas —laborales, funcionarios y estatutarios— antes del próximo 1 de abril, fecha en la que entrará en vigor la modificación de la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores sobre esta materia.
CSIF denuncia que la medida anunciada ayer por el Ministerio de Función Pública, en colaboración con CCOO y UGT, es insuficiente, ya que excluye a los funcionarios y al personal estatutario del ámbito sanitario. Ante esta situación, el sindicato ha advertido que, si el Ministerio no rectifica, defenderá este derecho en los tribunales y pondrá sus servicios jurídicos a disposición de sus afiliados.
El sindicato recuerda que la jubilación parcial anticipada ha sido aplicada sin problemas durante años en el personal laboral de las administraciones, pero la nueva regulación podría poner en peligro su continuidad. De hecho, varias administraciones autonómicas y locales han anunciado que paralizarán las solicitudes de jubilación parcial con contrato de relevo, argumentando una interpretación restrictiva de la norma en relación con el acceso al empleo público.
Por ello, CSIF reclama instrucciones claras para el personal laboral, así como la regulación inmediata de este derecho para todos los trabajadores del sector público. Además, exige la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación para tratar esta cuestión.
El sindicato también ha criticado que la tasa adicional de personal laboral, anunciada tras sus presiones, no entrará en vigor antes del 1 de abril, lo que podría generar una situación de incertidumbre y desigualdad entre los empleados públicos
