El 24 de junio marca un año desde la tragedia de Melilla, un evento que los organizadores de la marcha consideran que resultó en “graves violaciones de derechos humanos y que cobró la vida de al menos 37 personas, además de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, negación de auxilio, tortura y otros tratos inhumanos y degradantes”. Han reprochado que “la mayoría de las víctimas eran personas en busca de refugio, muchas de ellas menores de edad, a quienes se les negó ilegalmente la posibilidad de solicitar asilo y fueron expulsadas”.
La tragedia de Melilla es considerada como "la vulneración de derechos humanos más grave de los últimos tiempos" en suelo europeo, según la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos y múltiples organizaciones de derechos humanos tanto en España como a nivel internacional. A pesar de esto, el Estado español “ha incumplido su deber de diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y reparar el daño causado”.
Las más de 300 organizaciones que han firmado el manifiesto denuncian que la gran mayoría de las personas sobrevivientes “expulsadas ilegalmente” eran buscadoras de refugio procedentes de Sudán, un país sumido en un conflicto armado que ha afectado gravemente a la población civil. A pesar de que el Estado español reconoce esta realidad, “las personas refugiadas negras enfrentan discriminación en la concesión de visados en comparación con otras poblaciones perseguidas. Además, ninguna de las personas responsables de la masacre ha sido investigada y gozan de total impunidad”.
Apuntan que, “aunque la Fiscalía General del Estado anunció su intención de investigar los hechos, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, archivó las diligencias sin exigir una investigación judicial”. Esta decisión “incumple el deber de debida diligencia del Estado y vulnera el derecho de acceso a la justicia para las víctimas”. Denuncian que el Estado español ha “ignorado” sus propias responsabilidades internacionales y jurisdiccionales “en materia de derechos humanos y crímenes de derecho internacional al no abrir una investigación independiente e imparcial que permita el acceso a la verdad, la justicia y la reparación”.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes del manifiesto exigen la destitución del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, así como su exclusión de las listas electorales en las próximas elecciones. También demandan “un compromiso público por parte de los partidos políticos para buscar la verdad, la justicia y la reparación, y la apertura de mecanismos de investigación independientes”. Otras exigencias incluyen la “concesión inmediata de protección internacional a todas las personas sobrevivientes de la masacre, el traslado a España de Basir, uno de los supervivientes y solicitante de asilo que sigue sin poder salir de Marruecos tras denunciar su caso, y la implementación de mecanismos legales y seguros para solicitar protección internacional en España desde otros países”.
Las organizaciones también demandan “recursos suficientes y descentralizados para las personas víctimas de persecución y violaciones de derechos humanos, así como el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, conocidos como CIE, donde se priva de libertad a personas extranjeras”. En cuanto a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el manifiesto resalta la “necesidad de priorizar el respeto a los derechos de las personas en procesos de movilidad humana y la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por agentes estatales tanto dentro como fuera de los Estados miembros”.
Además de la marcha en Melilla, se han convocado diversas acciones tanto en la ciudad hermana como en otros territorios. El programa incluye una mesa redonda titulada "Un año tras el 24J: Verdad, memoria y justicia antirracista. No más impunidad" y testimonios de fronteras, entre otras actividades. En el ámbito internacional, diferentes organizaciones europeas participarán en el Foro Social Magrebí sobre Migración en Nador, Marruecos, bajo el lema "Nunca más 'Barrio Chino', Por un Magreb libre de odio, xenofobia y racismo".
La I Marcha por la Justicia 24J busca mantener viva la memoria de las víctimas de la masacre de Melilla y exigir “la verdad, la justicia y la reparación para ellas y sus familias”. También aspira a “generar conciencia sobre las políticas migratorias y el trato inhumano a las personas migrantes en Europa”.
