Para casi todos sabía lo que hacía y para la gran mayoría no es siquiera un enfermo mental. Los peritos (médicos, psquiatras y psicólogos) que intervinieron en la última jornada de prueba de la repetición del juicio por el crimen de Parques de Ceuta acabaron este martes por dar al traste con casi todas las opciones de una condena reducida o incluso de que el presunto asesino cumpla pena en una instalación psiquiátrica.
Con lo visto a lo largo de la sesión de hoy, Alonso Miguel G.D. afrontará en los próximos días el veredicto del jurado, que aparentemente podría volver a considerarle culpable al menos de los delitos de asesinato y lesiones psicológicas, con posibles agravantes.
Los atenuantes estarán más caros en esta ocasión, pues tan solo su psiquiatra, a la que veía cada varios años en Algeciras el pagado doctor José Cabrera y uno de los especialistas de la prisión defendieron que el policía local acusado de asesinar a tiros a su mujer padece trastorno bipolar y trastorno paranoide. Cabe destacar que estos también le achacan un problema con la bebida, negado por su familia y por la de la fallecida.
Su mujer iba a divorciarse y él lo sospechaba
Los testimonios comenzaron este martes con la médica que atendió a la hija del acusado y la fallecida el día de autos. Una intervención exigida por la abogada defensora, Inmaculada Güil, que no aportó nada al fondo de la cuestión. Sí lo hicieron los siguientes protagonistas, los seis peritos orientados a determinar el estado mental general del policía local y también si estaba en uso de sus funciones cuando se produjeron los hechos.
La primera en intervenir fue la psiquiatra que lleva atendiendo a Alonso Miguel G.D. desde 2003 en Algeciras. Según su relato, acudía a la consulta de manera irregular, una vez cada dos o tres años y nunca le aportó documentación alguna respecto otros diagnósticos relacionados con su salud mental. "Hasta que vino quince días antes de que pasasen los hechos en 2022, hacía que no lo veía desde 2020", reconoció la mujer, que no sabía que el acusado era agente municipal: "Me dijo que era administrativo", agregó, incidiendo en que era "un mentiroso" que no tomaba su tratamiento de manera regular.
El tres de marzo de 2022 -once días antes del suceso- acudió por última vez a su consulta, mostrándose "especialmente eufórico". A juicio de la especialista, el hombre no fue a verla para tratarse de su enfermedad, sino para indagar en sus sospechas sobre que algo iba mal en su matrimonio: "Únicamente pensaba que su mujer quería algo y no se lo decía. Pensaba que le era infiel. Siempre había entrado con Mari Ángeles y ella siempre estaba callada. Esa última vez entró el solo y me dijo que le preguntara luego a ella que si le quería dejar o le era infiel".
La respuesta que recibió la psiquiatra de parte de Lozano no dejó lugar a dudas: "Me dijo que había tomado la decisión de separarse de él. Le dije que tenía que ingresarle por un brote psicótico y me dijo que lo llevaría al día siguiente al médico de cabecera", algo que finalmente no pasó.
Mantenía sus funciones en el momento de los hechos
Los siguientes testimonios fueron siendo cada vez más negativos para los intereses del acusado. Intervino primero un psiquiatra que sí bien coinicidió en diagnóstico con su compañera de Algeciras, aseguró que las capacidades del hombre no estaban completamente perdidas cuando presuntamente disparó a su esposa a la vista de su reacción inmediatamente posterior.
"Anuladas no las tenía. Tenía impulsividad, inestabilidad emocional, pero viendo como acontece todo a posteriori, la reacción inmediata que tiene, como guarda el arma, el deseo de salir de su casa detenido sin la ropa de la Policía... Todo eso me hace ver y expresar que no era un brote psicótico al uso, no había una situación de manía que justificara un ingreso. No me cabe duda de que si hubiera habido una situación extrema maníaca no se hubiera conducido como se condujo después y hubiera acabado en una unidad de cuidados intensivos", apostillo, reconociendo además que al hombre "le angustiaba la posibilidad de separación de su mujer", algo que puso de manifiesto "muchísimas veces" en sus conversaciones.
Además, el profesional se ratificó en otro de los puntos esenciales de su informe, en el que concluyó que el presunto asesino magnificaba sus síntomas para obtener una menor condena o incluso un internamiento psiquiátrico en vez de estar en la cárcel: "Era conocedor de que jugando sus cartas sobre la base de los diagnósticos psiquiátricos podría tener su beneficio penal. Estaba aleccionado al respecto", señaló, dando a entender participación en esta estrategia de su abogada.
Ni enfermedad mental, ni nada
Los otros peritos, a excepción de Cabrera, que volvió a reconocer que elucubraba en su informe, fueron complicando aún más las opciones de la defensa. Para la médica de la cárcel de Sevilla, el hombre ni de lejos podía padecer un trastorno bipolar y otro delirante: "En un año y cuatro meses que estuvo aquí, si hubiera existido trastorno bipolar o psicótico se habría descompensado", afirmó sin lugar a dudas.
La postura de la doctora queda apuntalada por la información que le transmitió el psiquiatra que acude a ver a los pacientes de la prisión, y que atendió a Alonso Miguel G.D. tras solicitarlo este: "Se evidencia que acude a consulta con la finalidad de que se le considere enajenado y no para tratarse. Cuando le decimos que estamos para tratar y diagnosticar, no para conocer los hechos que no nos corresponden, él se limitaba a contestar someramente y siempre quería un diagnóstico para su abogada, sin aportar información alguna sobre su condición mental", agregó la mujer, que además describió notables contradicciones en las entrevistas a las que se le sometió.
"Unas veces tenía unos síntomas, otras veces otros. No había una armonía (...) Yo sí he dicho que tiene un trastorno histriónico", concluyo, indicando que no se trata de una enfermedad mental si no una decisión propia y consciente de como comportarse.
Los psicólogos del instituto de medicina legal se pronunciaron en el mismo sentido, recordando que en su historial solo aparecen dos episodios relacionados con la salud mental del acusado. Uno coincide con cuando le quitaron el arma, recuperándola sin problemas tras realizar un psicotécnico pocos meses después, en 2001. Y un episodio de depresión en 2010.
"Un señor que durante los últimos 20 años ha ejercido como policía, con contacto con el ciudadano y con otros compañeros, teniendo derecho al ejercicio legítimo del uso de la fuerza y portando un arma apunta a unas capacidades cognitivas superiores que resultan incompatibles con un diagnóstico psiquiátrico grave", relataron los expertos, a los que sin aparente éxito trato de desacreditar la abogada de Alonso Miguel G.D.
Tampoco consideran los dos psicólogos del Instituto de Medicina Legal que el hombre tuviera sus capacidades alteradas el día de los hechos, a la vista de cómo guardó el arma o llamó al 112 y teniendo especialmente en cuenta que la médica que le vio en el Hospital pocos minutos después apuntó que sus facultades estaban preservadas y que era consciente.
