La Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, promulgada el pasado 1 de julio de 2022, aborda una preocupación constante de los consumidores: las llamadas comerciales no deseadas. Esta normativa establece que los operadores de telecomunicaciones deberán obtener el consentimiento previo del destinatario o demostrar un interés legítimo, según la normativa de protección de datos, antes de realizar llamadas con fines comerciales. Estas medidas se adoptaron debido al aumento de quejas relacionadas con estas prácticas y al crecimiento de ciudadanos que se habían registrado en servicios de exclusión de envíos comerciales, como la lista Robinson.
A partir del próximo mes, las autoridades competentes en materia de telecomunicaciones, especialmente la Agencia de Protección de Datos, tendrán la capacidad de intervenir en este problema. Para los usuarios, será crucial prestar atención al solicitar información a un operador de telecomunicaciones, ya sea por teléfono o a través de canales digitales, ya que la solicitud de consentimiento para recibir llamadas comerciales puede hacerse durante la conversación o incluirse en la política de privacidad que se debe aceptar para recibir información.
Si un consumidor recibe llamadas comerciales sin contar con el consentimiento o el interés legítimo requerido, podrá presentar una denuncia. Para ello, la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ADECES) recomienda tomar nota de la fecha y hora de la llamada, así como cualquier otra información relevante que pueda respaldar la posterior denuncia.
La entrada en vigor de esta nueva normativa representa un paso significativo en la protección de los derechos de los consumidores y en la lucha contra las prácticas invasivas de las llamadas comerciales no deseadas. Ahora, las autoridades competentes estarán facultadas para actuar en defensa de los usuarios y sancionar a aquellos operadores de telecomunicaciones que incumplan las disposiciones establecidas en la ley.
