La ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, se sentaron este martes en el banquillo al inicio del juicio contra ambas por la devolución en caliente de 55 menores marroquíes en agosto de 2021 sin realizar los procedimientos administrativos preceptivos y por tanto de forma ilegal, según el Tribunal Supremo. Por ello pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa que ahora juzga la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta.
El primer testigo que pasó por sala, el jefe de gabinete de Mateos -a la que apenas mencionaron los interrogados- en aquel momento, Juan Hernández, señaló en su declaración al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Markaska, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsables de la decisión de enviar a los chavales de vuelta en virtud de un acuerdo con Marruecos, sin llevar a cabo una valoración individualizada de cada caso, como recoge la propia entente entre países y la legislación vigente. Y en ese caso, ellos serían quienes habrían incurrido en prevaricación.
Hasta ahí los testimonios en favor de las dos encausadas, principalmente de Deu, sobre la que recaían en aquel momento las competencias en la materia. A continuación, las cuatro personas que declararon tuvieron claro que fue la consejera quien estuvo en el centro de la toma de decisiones desde el principio. La que más se extendió en su argumentación, la responsable del área de Menores, Toñi Palomo, reveló como trató de advertir tanto a la Ciudad como a la Delegación de que no podían saltarse los procedimientos legales obligatorios y que en caso de hacerlo, lo que al final sucedió, incurrirían en "prevaricación".
Con ella coincidieron Marta Ojeda y Nieves Lainez, de la Fundación Samu, y Lourdes Reyzábal, miembro de la Fundación Raíces, quienes relataron lo acontecido los días 13, 14 y 15 de agosto; días en los que se procedió a las repatriaciones sin que a su juicio se entrevistara adecuadamente a los jóvenes, facilitando el acceso a representación letrada y a un traductor, y localizando a sus familias como pasos previos preceptivos para devolverlos a Marruecos. Esto provocó un enorme revuelo en el Polideportivo Santa Amelia, donde se alojaban, que acabó en "autolesiones", "fugas" y una notable "pérdida de confianza" en quienes debían tutelarlos: "Se llegó a deportar a menores que sí habían solicitado asistencia de un abogado", contaron.
La orden del Ministerio, la interpretación de la Ciudad y el aviso de Palomo
El primero en testificar este martes, Hernández, que defendió en todo momento la forma de operar tanto de la Delegación como de la Ciudad, sí aportó cierta luz sobre cómo se gestó en un primer momento la toma de decisiones que llevó a la deportación de los 55 adolescentes marroquíes. Este reveló que tras la entrada masiva de finales de mayo de 2021, la situación fue interpretada por parte del Gobierno de España y por ende de la propia Delegación, aunque también de la Ciudad, como una suerte de "marcha verde": "Solo les faltó subirse a la puerta del Ayuntamiento o de la Delegación y poner una bandera de Marruecos", llegó a decir, mostrándose, además, orgulloso de la gestión que llevó a cabo como jefe de gabinete de Mateos.
En ese contexto, "de excepcionalidad", Hernández afirmó haber recibido orden por escrito -sin sello ni firma- y a través de llamada telefónica de parte del secretario de estado de Seguridad, Rafael Pérez, el día 10 de agosto de 2021, para proceder a aplicar "el acuerdo marco firmado entre Marruecos y España en 2007" que habilitaría la repatriación, paso que debía "solicitar la Ciudad".
En ese punto entró en juego otro de los testigos que pasó por la sala en esta primera jornada de la vista, la responsable de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo. Ella recibió la primera noticia sobre las intenciones del Gobierno local el mismo día 10 de agosto cuando estaba comiendo en su casa. "Deu me proporcionó un escrito sin firmar del secretario de Estado de Seguridad y me pidió que contestara", dijo refiriéndose a la orden de la que antes había hablado Hernández.
Y así lo hizo, advirtiéndole en su réplica de que el acuerdo marco no era aplicable de forma inmediata, pues había que realizar necesariamente una compleja tramitación: "Le dije lo que había que hacer para cumplir con la legislación internacional, el acuerdo contemplaba en el capítulo cuatro un mes de plazo para informar de la situación, Marruecos tenía tres meses para contestar y se tenía que crear una comisión de seguimiento. Yo intenté plantearle que era necesario el procedimiento aunque se podían agilizar algunas cosas". En resumen, Palomo le señaló a Deu que el acuerdo marco no podía prevalecer sobre las leyes que regulan los derechos de los menores, explicando todo lo que debía hacerse de acuerdo a la norma.
La consejera no utilizó literalmente la respuesta preparada por la responsable de Menores, pero sí le comunicó que la había empleado parcialmente y que habían quedado en reunirse al día siguiente por petición de la Delegación del Gobierno en la frontera marroquí. "Le pedí que no me llevara porque no lo compartía, pero ella quiso que fuera como persona de confianza", relató Palomo seguidamente.
Una reunión, dos visiones opuestas: De los medios "apabullantes" a la "prevaricación"
El día 11 de agosto se produjo finalmente la reunión en la frontera del Tarajal. Un encuentro en el que estuvo Deu, el secretario de la Delegación, Ismael Kasrou, el jefe de la UCRIF, el segundo de la Policía Nacional, un representante marroquí y el jefe de gabinete, Hernández, así como Palomo. Estos dos últimos expusieron en la primera sesión del juicio una visión completamente opuesta de lo ocurrido.
En opinión de Hernández, el Reino Alauita mostró un "apabullante” despliegue de medios de Marruecos para asegurar que “los niños fueran devueltos con sus familias”, planteando incluso que estaban listos para llevárselos ese mismo día. En ese punto, la fiscal, a través de sus preguntas, marcó la diferencia de criterios entre partes. Lo que para la defensa y para el testigo eran garantías, “unos autobuses, personal sanitario y un centro de acogida”, no lo son para la acusación, que ve "prevaricación", entendiendo que debió valorarse cada caso, preguntando a los jóvenes por su situación y su voluntad o no de volver a casa, generando expedientes individuales.
En ese mismo parecer se encuentra Palomo, a la que Hernández acusó de tratar "irrespetuosamente" al representante marroquí y que dibujó un relato muy diferente sobre lo acontecido. "Cuando llegamos, Ismael (Kasrou) dijo que era acuerdo entre la Ciudad y Marruecos, que Delegación no tenía nada que ver, que era según Artículo 35 (de la Ley de Extranjería) y yo le dije que no", recordó, afeando además que hubiera periodistas en el lugar.
"Dijo que había tres autobuses en la frontera marroquí, les dije que no podíamos hacer eso. Pasamos el jefe de gabinete y yo los primeros por la frontera y allí había una señora con una bata blanca de limpiadora o de guardería. No había autoridades, ni mesa, no nos sentamos, ni firmamos un papel, no hablaban español", continuó contando la responsable del Área de Menores de la Administración local, que acabó por discutir con el supuesto representante marroquí, diferenciando entre repatriar y realizar una reagrupación familiar: "Les dije que trajéramos a los padres para concretar el procedimiento, cotejar la entrevista y la filiación y ver por qué sus hijos se habían decidido marchar. Llegó un señor alto, un tal Hassan, le pedí que nos trajera a los padres y respondió que cómo los iban a traer y que no éramos nadie para cuestionar cómo criaban a sus hijos".
La conversación siguió elevando el tono hasta que Palomo abandonó el lugar, dejando al resto allí. No volvería a hablar con Deu, pero sí reconoce que ese mismo día llamó de nuevo a Kasrou y a Hernández advirtiéndoles de que eso "era prevaricación": "Me dijeron que la consejera no pensaba lo mismo".
La lista de las devoluciones que acabaron en revuelta
La decisión de repatriar a los jóvenes no se demoró. En la jornada del 13 de agosto de 2021, las responsables del Samu que estaban en el Polideportivo de Santa Amelia, donde alojaban a los menores, se encontraron con autobuses, policía y representantes de la Ciudad a la puerta -incluida Deu- y con una lista con 145 nombres -algunos sin siquiera número de identificación- que estos les remitieron el día 12, en la que se reflejaba el orden en el que serían enviados de vuelta a Marruecos.
Así lo relataron Marta Ojeda y Nieves Lainez, trabajadoras de la Fundación Samu que vivieron lo ocurrido in situ, confirmando lo expuesto por Palomo, quien les dio orden de no dejar ir a nadie "sin procedimiento", a la vista además del mal estado físico en el que se encontraban algunos de ellos. Unos pasos preceptivos que debían incluir necesariamente una entrevista personal en un lugar seguro donde los jóvenes pudieran expresarse con confianza, algo que "no dio tiempo a hacer con los que se encontraban en el Santa Amelia", a pesar de que se había suscrito un convenio con Save The Children para estas labores, dada la enorme cantidad de adolescentes migrantes no acompañados que había en ese momento en la localidad.
Ojeda, coordinadora de los centros de menores de la Fundación Samu, contó que cuando el 13 de agosto se precipitaron los acontecimientos, los representantes de la Ciudad -Deu, Víctor Ríos y Francisco Pérez- se remitieron a un "acuerdo entre España y Marruecos" indicando que se debía proceder a dar cumplimiento. Así, les facilitaron la lista, "por indicación de la consejera", apuntando que las salidas se producirían de manera escalonada en varios días.
"Fue un caos. Una avalancha en la que era imposible contenerlos, con gritos, llantos...Desesperación pura y dura, menores autolesionándose...Desconcierto, temor… Al recordarlo se me eriza la piel", relató entonces la coordinadora de los centros, que vio como los chavales "no se querían mover" por no "entender lo que pasaba". Es más, en el informe que realizó sobre lo acontecido, Ojeda hizo referencia a su preocupación por la vulnerabilidad de los adolescentes que allí se encontraban, algo que también subrayó Palomo, que a mayores habló de desconocimiento absoluto sobre quiénes eran los afectados.
Lainez se pronunció en la misma línea y como sus dos compañeras habló de la falta de confianza que a partir de entonces manifestaron los jóvenes. Muchos se fugaron, hasta quinientos, cifran y algunos, hasta ochenta según Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces, llegaron a solicitar asistencia letrada; aún así, fueron enviados de vuelta a Marruecos hasta que en la jornada del 16 de agosto terminaron las salidas al solicitar algunos el aleas corpus, un procedimiento contra detenciones ilegales.
