La situación de los trabajadores transfronterizos marroquíes en Ceuta ha reavivado un cruce de declaraciones entre Marruecos y España, poniendo en evidencia la fragilidad de la cooperación en esta materia. Mientras el diario marroquí Hespress acusa a la administración española de dificultar la renovación de las tarjetas laborales, fuentes españolas apuntan a limitaciones impuestas por Marruecos como el principal obstáculo.
Según Hespress, las autoridades locales de Ceuta estarían negándose a renovar las tarjetas laborales de alrededor de mil trabajadores transfronterizos. Estos empleados, que cruzan diariamente la frontera para desempeñar labores en la ciudad autónoma, presentan certificados de residencia emitidos por Marruecos que, según la normativa, justificarían su domicilio. Desde finales de 2024, sin embargo, el medio marroquí denuncia un aumento de problemas administrativos que comprometen la estabilidad económica de estas personas y sus familias.
Por su parte, medios españoles señalan que las dificultades tienen su origen en las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes. Según estas fuentes, Marruecos estaría obstaculizando la emisión de los certificados de empadronamiento, requisito indispensable para que los trabajadores puedan renovar sus permisos en España. Esta situación afecta a unas 850 personas, en su mayoría mujeres, cuyo trabajo en Ceuta es esencial para la economía de sus hogares en la provincia de Tetuán.
La figura del trabajador transfronterizo, que permite trabajar legalmente en Ceuta sin derecho a residencia, ha sido fundamental para sectores clave de la economía local. Sin embargo, las recientes complicaciones administrativas no solo impactan a los trabajadores, sino también a los sectores hosteleros y comerciales que dependen de esta mano de obra.
La disparidad en las versiones ofrecidas por Marruecos y España refleja la complejidad del problema. Mientras Rabat denuncia obstáculos injustificados por parte de la administración española, España apunta a deficiencias en los procedimientos marroquíes. La resolución de este conflicto, que afecta a cientos de familias y a la estabilidad económica de ambas regiones, requiere una colaboración efectiva entre ambos gobiernos para garantizar los derechos laborales y mejorar la gestión transfronteriza.
