Se acabó. Tras una larguísima vista extendida a lo largo de trece jornadas desde el mes de octubre, el juicio contra un supuesto entramado familiar al que se le imputan delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y organización criminal quedó visto para sentencia este lunes. El viernes pasado únicamente habían quedado pendientes las conclusiones del abogado Wilfredo Amestoy, quien representa a cinco de las personas sentadas en el banquillo (N.A.M., F.J.R.L., C.M.V., D.V.M, A.M.M. y M.M.V) y el derecho a la última palabra de los implicados.
El letrado interesó la libre absolución de sus clientes principalmente por dos motivos. Uno, que a su juicio no ha quedado en absoluto acreditado que participaran de acciones de narcotráfico. Y, dos, que los bienes que adquirieron en el periodo de investigación encuentran soporte en ingresos derivados de la actividad profesional -aunque buena parte de ellos no se declararan a Hacienda-, de la venta de bienes muebles y de indemnizaciones o herencias.
En esa línea se pronunciaron luego los propios implicados, haciendo los doce -de manera directa o indirecta- uso de la última palabra, declarándose inocentes, afeando en sus discursos el proceder de la Guardia Civil y planteándose como víctimas de su actuación poco rigurosa.
Todos los abogados interesaron además que se levanten las medidas cautelares contra sus representados, permitiéndoles volver a salir del país y poder dejar de acudir a firmar con regularidad a dependencias judiciales. A esto se opuso la Fiscalía y ahora el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta deberá decidir al respecto. Lo hará según anunció el presidente de la sala en un auto que saldrá este mismo martes.
También tomó la palabra el Ministerio Fiscal para anunciar que no se opondrá a la suspensión de penas de prisión cuando, en caso de estimarlas oportunas el tribunal, estas no excedan de los dos años de cárcel. Siempre a condición de que a quienes se les aplique este beneficio no delincan durante un lustro. Por contra, si la condena es superior a los dos años, Fiscalía no aceptará suspensión al entender que no cabe en la ley.
En respuesta, los letrados ya anticiparon que, en caso de llegarse a una sentencia que encaje en los preceptos planteados por el ministerio público, solicitarán en efecto el no ingreso en prisión de sus representados.
Así, el juicio, uno de los más largos y complejos en la historia de la ciudad autónoma, quedó visto para sentencia.
