La nefasta, caótica y caprichosa política de recursos humanos del Gobierno de Vivas, ha provocado un nuevo episodio que bien se podría calificar de escándalo.
Los catorce trabajadores y trabajadoras contratados por la Ciudad al amparo del Convenio de Inmigración, ganaron la demanda planteada ante el Juzgado nº 1 de lo Social que les reconoció, como no podía ser de otra manera, la condición de trabajadores indefinidos no fijos de la Ciudad.
Era un clamor. Todo el mundo (incluidos los sucesivos Consejeros, aún se recuerdan frases memorables de alguno de ellos como “si no se renuevan esos contratos, tengo que cerrar la Consejería)), eran perfectamente conscientes que desde el año 2008 se estaba incurriendo en un claro “fraude de ley”. Se les contrataba a “bajo precio” cada año para desarrollar funciones estructurales en el área de Servicios Sociales. No se quiso solucionar este problema que, además de perjudicar a los trabajadores introducía serias disfunciones en la prestación de los servicios.
La sentencia supone una ratificación por parte de la jueza de lo que ya era público y notorio. Sin embargo, el Gobierno, en lugar de asumir las consecuencias de la sentencia, ha decidido recurrirla. Se trata de un claro (y nuevo) atropello a los trabajadores. Los informes emitidos por los letrados de la Ciudad desaconsejaban el recurso por carecer de fundamento alguno. Se ha impuesto un criterio político a medio camino entre la “vendetta” y la “patada a seguir” (para que el que venga detrás arree). CCOO considera esta decisión como absolutamente irresponsable, supondrá un mayor coste para la Ciudad, mantendrá los servicios en precario, y mantendrá a los trabajadores en un injusto estado de incertidumbre. Todo esto de manera absolutamente innecesaria, porque los hechos (el contrato en fraude de ley) son tan obvios que sólo cabe la ratificación, más aún cuando recientemente se ha producido una sentencia en el mismo sentido, en el mismo servicio y en el mismo convenio y esta no se ha recurrido.
Finalmente queremos hacer un llamamiento a la consejera de servicios sociales y a su directora general que se pongan del lado de estos trabajadores y que de verdad defiendan el derecho a su indefinición no fija, ya que ellas son parte del gobierno que ha recurrido la referida sentencia.