La gestión del puerto de Ceuta debe de estar en el centro del debate ciudadano. Lo que hasta ahora era considerado un espacio público esencial, parece haberse convertido a ojo de muchos ceutíes en un enclave cada vez menos inaccesible y supeditado a intereses alejados del bien común. Las recientes reformas y confecciones lejos de facilitar la vida de todos los ceutíes y visitantes, se pervive como una oportunidad exclusiva para unos pocos privilegiados.
La eliminación de la mayor parte de las plazas de aparcamiento gratuito y la implantación de un sistema tarifaría, que apenas concede minutos libres para hacer gestiones elementales, está generando una cascada de criticas entre trabajadores , transportista y familiares que deben hacer uso del puerto a diario. Las protestas arrecian especialmente tras el cierre repentino del último aparcamiento público, sin previo aviso ni propuestas alternativas, lo que agrava la sensación de privatización encubierte del suelo público .
El descontento no se limita al estancamiento. Las nuevas aceras peatonales, de anchura desproporcionada, impiden el acceso cómodo a negocios de la zona y dificulta la recogida de pasajeros. Todas estas medidas lejos de responder a una estrategia de mejora consensuada, se han ejecutado como de costumbre sin apenas diálogo social ni transparencia informativa, reforzando la percepción de que el puerto ya no responde al interés general, sino a los de una minoría con capacidad de influencias sobre la autoridad portuaria.
Un puerto que debería estar bajo sospecha, organizaciones políticas como el PSOE han exigido informes detallados sobre adjudicaciones más recientes y aquellas aún en tramitación. La especulación y las renovaciones a largo plazo a veces extendidas hasta 75 años mediante complejos sistemas de prorrogas asociadas a inversiones poco fiscalizador, incrementan el riesgo de perpetuar situaciones de privilegio en detrimento de nuevos actores o necesidades ciudadanas.
Lo más peligroso de esto es el silencio político y la escasa autocritica de la administración. La cuestión de fondo es preguntarse ¿Para quién o quienes se gestiona el puerto de Ceuta?
Mientras no cambien las prácticas de gestión, confección y prorrogas, la brecha entre el interés general y los privilegios de unos pocos seguirá agrandándose. Legalmente , la situación es compleja y evoluciona constantemente. La legislación vigente, fundamentalmente la ley de Puertos y su texto refundido, regula la duración de las prorrogas de las confecciones, en general pueden concederse hasta un máximo ordinario de 50 años, extendido excepcionalmente hasta los 75años en ciertas condiciones vinculadas a la realización de inversiones y aportes relevantes al interés portuario. Sin embargó, el principio general sigue siendo de la improrrogabilidad : la prórroga es excepcional y debe estar justificada por el interés público que no es el caso, lo que obliga a la autoridad portuaria a motivar de forma exhaustiva cada extensión y a garantizar que no se creen situaciones de perpetuidad ni de privilegio injustificado. Este panorama atrae la atención de tribunales y órganos europeos advirtiendo sobre la necesidad de impedir concesiones automáticas o prorrogas injustificadas por riesgo de vulnerando de la libre competencia y la igualdad al acceso del dominio público portuario.
José Antonio Carbonell Buzzian.