En el día mundial del Alzheimer, el Partido Popular quiere estar junto a los enfermos y sus familias, destacando también el valor de aquellas personas que cuidan a los que sufren esta terrible enfermedad.
El Alzheimer es la primera causa de demencia neurodegenerativa a nivel mundial y representa un reto sanitario de primer orden en el horizonte más inmediato. Los pacientes de Alzheimer pueden no reconocer a sus familiares, tener dificultades para hablar, leer o escribir y, en estos momentos, ningún tratamiento puede detener la enfermedad. Los tratamientos actuales sólo pueden ralentizar su desarrollo, por eso el diagnóstico a tiempo es algo fundamental para paliar y ofrecer a la persona afectada los cuidados más adecuados desde el minuto uno.
Se calcula que esta enfermedad afecta a más de 800.000 personas en España, por lo que la sensibilización y concienciación sobre la situación de los pacientes es obligatoria para todos los poderes públicos, del mismo modo que deberían serlo la garantía de una atención digna a los pacientes y la apuesta por la investigación.
Estas cuestiones son prioritarias para el Partido Popular. Además de estar, esta última, recogida en el mandato de la Constitución: “los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general” (artículo 44).
En ese sentido, un año más, nos sumamos a las reivindicaciones de la sociedad civil para dar visibilidad a sus demandas para garantizar recursos suficientes tanto en aras de la promoción y mejora de la autonomía personal en fases tempranas de esta enfermedad, así como para seguir trabajando en los tratamientos.
En consecuencia, pedimos que el Gobierno de la Nación impulse el acceso a innovaciones terapéuticas, farmacológicas y tecnológicas para ponerlas al servicio de los afectados con agilidad y seguridad.
Solicitamos también un abordaje sociosanitario integral, para lo que es indispensable que el presidente del Gobierno cumpla su promesa de investidura, relativa un Sistema de Dependencia de calidad, con un máximo de 30 días para recibir las prestaciones y con una financiación del 50% por parte del Estado.
Lamentablemente, esta reivindicación permanente sigue siendo una promesa incumplida que cada día tienen que suplir con sus recursos las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.