CSIF asegura que en reiteradas ocasiones han intentado no tener que obligar a la administración mediante instancias judiciales a actuar, con el ánimo de intentar realizar dicha acción mediante la negociación que es como la central sindical juzga que debería actuarse diariamente. Aunque afirman que ha resultado imposible ya que, en multitud de ocasiones han encontrado la negativa como respuesta.
En esta sentencia relativa adscripción provisional de una funcionaria de carrera sin avenirse a derecho, el Magistrado del nº2 niega para situaciones similares la potestad de organización respecto al personal a su servicio del Ayuntamiento, ya que no cumplen los requisitos legales en los que pudiera dictarse un decreto de estas características, no pudiendo articular la administración competente además, dichas acciones justificándolas por jubilación de empleados públicos ya que estas, son totalmente previsibles y pueden cubrirse por los mecanismos ordinarios de provisión de plazas.
Afea también el poco rigorismo en la motivación de tales actos y no comparte la invocación de la urgente e inaplazable necesidad, así como la gestión de Recursos Humanos por su desconocimiento en cuanto a la aplicación de normativa correspondiente para estas situaciones recordándole además la literalidad de la sentencia que ya dictó el Tribunal Constitucional el 26 de octubre de 1993.
Todo ello como es habitual, asevera CSIF, con las correspondientes costas a cargo del Ayuntamiento de algo que de antemano, los responsables de Recursos Humanos saben que no debían hacer y advierten que de no cambiar de actitud van a continuar surgiendo problemas judiciales que podrían evitarse al menos, en una parte importante.
