Con la finalización del mes de agosto y la llegada de septiembre, vuelve la actividad a muchas empresas y estamentos. También a los Juzgados, que durante agosto sólo están operativos para cuestiones urgentes y causas con preso. Por tanto, es de entender que a la vuelta de septiembre comenzaremos a saber algo sobre determinadas sentencias y a asistir a juicios esperados por parte de la sociedad ceutí ante el revuelo causado en muchos de los casos.
Empezando por los juicios, hay tres sobre hechos que conmocionaron profundamente a la Ciudad que están pendientes, únicamente, de fijar fechas para la celebración. Los tres, tristemente, con resultado mortal. Comenzamos por el orden cronológico de los hechos. El 13 de enero de 2022 desaparecía el joven Mohamed Alí, misteriosamente. Tras varios meses de búsqueda por parte del Cuerpo Nacional de Policía, sus restos mortales eran encontrados prácticamente un año después, siendo detenidas tres personas: dos menores en la época, que ya cumplen condena en Punta Blanca, y un mayor de edad, encargado de conducir el vehículo en el que el chico desaparecido fue secuestrado y trasladado a un recóndito paraje de García Aldave para ser asesinado primero con un bate de beisbol y enterrado después en el monte. Para el mayor de edad, llegará la hora de sentarse en un banquillo durante el próximo año judicial. La defensa va a pedir la libre absolución; la acusación particular, representada por el conocido Marcos García Montes, la máxima pena posible.
Un par de meses más tarde, el 14 de marzo de 2022, Ceuta sufría el primer caso mortal de violencia de género en más de una década. María de los Ángeles, una funcionaria de Justicia, moría tras recibir varios impactos de bala tras una discusión con su marido, un agente de la Policía Local en situación de baja psicológica desde entonces. Aclarar si los disparos fueron premeditados o si, como sostiene la defensa del acusado, fruto de un forcejeo será una de las grandes claves para un juicio del que solo falta la fecha.
La fecha ya está fijada en el siguiente caso. Será durante todo el mes de octubre, en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, cuando se juzgue a los miembros de una red de blanqueo de capitales. O a los que estén en Ceuta: dos de sus cabecillas, hermanos, se encuentran prófugos de la justicia española en Marruecos. La ex mujer de uno de ellos, agente de la Policía Local, ha ingresado ya dos veces en prisión desde entonces: una en el momento de los registros y otra, este mismo año, tras quebrantar la orden de salir de España, ya que tras ser sorprendida regresando del país vecino fue trasladada a dependencias judiciales. La sala, además, rectificó la decisión del Juzgado de ponerla en libertad, y la mujer pasó varios días en la cárcel de Brieva (Ávila) antes de recuperar provisionalmente su libertad. Su ex suegra es, también, una de las acusadas.
Otros casos tienen un final no tan claro. En algún momento de los próximos meses, se deberá conocer la sentencia del juicio de EMVICESA, que tuvo lugar a finales del pasado año 2023.
También qué ocurre con los recursos planteados por la defensa del ex profesor del San Agustín condenado por delitos relacionados con menores, tras que este hombre recurriese ante el TSJA al haber hallado un defecto de forma en la redacción de la sentencia.
E igualmente, en los próximos meses se sabrá también el destino judicial del ex vicepresidente de la Ciudad y médico, Javier Guerrero, con dos procedimientos -uno relacionado con menores y otros con amenazas a trabajadores, precisamente, del área de menor- pendientes de resolverse.







