Mil agresiones en dos años: Los sindicatos reclaman cambios en prisiones

El pasado 8 de julio, una psicóloga del Centro Penitenciario de Sevilla II fue brutalmente agredida por un interno con antecedentes de violencia y conducta sexual agresiva mientras realizaba una entrevista individual. El interno, que se encontraba en un módulo de respeto, golpeó y mordió a la profesional, le arrancó mechones de cabello y le realizó tocamientos íntimos, amenazándola con violarla y secuestrarla.

La agresión ha generado una ola de indignación entre los trabajadores penitenciarios. En respuesta, los sindicatos CSIF- Acaip y UGT han convocado una concentración en todos los centros penitenciarios del país, incluyendo Ceuta, para denunciar lo que consideran una falta estructural de protección por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Según Juan Iglesias, presidente de CSIF, la agresión no es un hecho aislado, sino el resultado de una inacción prolongada y una estructura fallida de clasificación y control de los internos. Iglesias ha recordado que, solo en los dos últimos años, se han registrado más de mil agresiones a trabajadores penitenciarios, incluyendo varios casos de agresiones sexuales a mujeres en el mismo centro de Sevilla II.

Falta de personal y errores en la clasificación interna

Desde CSIF denuncian que el agresor había sido trasladado desde un módulo especializado en salud mental a uno de menor seguridad, a pesar de sus múltiples altercados en mayo y junio, entre ellos agresiones a otros internos y amenazas a funcionarios.

Iglesias señala que esta decisión es un ejemplo del fallo estructural en la clasificación de internos, agravado por la falta de personal y la imposibilidad de mantener la separación adecuada entre penados, preventivos, reincidentes y primarios. “Cuando un interno crea un problema en un módulo, se traslada a otro, generando otro problema”, denuncia el sindicato.

Además, varios módulos permanecen cerrados por falta de trabajadores, lo que impide una gestión eficiente y segura de la población reclusa. En este contexto, la seguridad del personal se ve gravemente comprometida.

Demandas históricas sin respuesta

CSIF ha vuelto a reclamar que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, una demanda histórica del colectivo. A pesar de que tanto el Partido Popular como el PSOE han registrado Proposiciones No de Ley (PNL) en el Congreso para tal reconocimiento, el bloqueo político y la falta de voluntad real han impedido su avance.

El sindicato también exige la creación de un nuevo protocolo antiagresiones, actualizado y eficaz, y la implementación de medios materiales modernos, como pistolas táser, que permitan reducir riesgos tanto para los internos como para el personal en situaciones de peligro. Iglesias subraya que el régimen sancionador actual es ineficaz, con castigos como la privación de paseos que, en la práctica, “no tienen efecto disuasorio alguno”.

Peticiones clave: agentes, protocolos y medios

CSIF aprovecha para reiterar sus demandas históricas:

• Reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad, otorgando indemnidad por actos cometidos en servicio.
• Implantación de nuevos protocolos antiagresiones coordinados entre los grandes bloques parlamentarios.
• Uso de medios coercitivos no letales, como pistolas táser, para reducir riesgos tanto para internos como para trabajadores.
• Refuerzo de medios humanos y materiales en los centros penitenciarios, incluida formación continua.
• Revisión integral del sistema de clasificación interna de internos para evitar que agresores compartan módulos vulnerables.

Falta de herramientas para registrar los casos de violencia sexual

Uno de los aspectos más graves denunciados por los sindicatos es la ausencia de datos oficiales sobre agresiones sexuales o amenazas a trabajadoras penitenciarias. A través del portal de transparencia, los sindicatos han solicitado información detallada sobre este tipo de incidentes, recibiendo como respuesta que la Secretaría General no dispone de herramientas informáticas para explotar esos datos.

Para CSIF, esta carencia demuestra una alarmante falta de voluntad política y de medios, que agrava la situación de desprotección y vulnerabilidad de los empleados públicos.

Ceuta, fuera de las estadísticas de riesgo

En el caso del Centro Penitenciario de Ceuta, Iglesias ha señalado que la seguridad está “más controlada” debido a la menor población reclusa. Sin embargo, el sindicato advierte que la falta de personal y los problemas estructurales también afectan a esta prisión, por lo que reclaman mejoras similares para evitar que la situación de otros centros se repita.

Movilizaciones y respaldo institucional

Frente a esta situación, los sindicatosse ha concentrado este martes a las puertas de todos los centros penitenciarios andaluces, CSIF en colaboración con UGT y Acaip‑UGT, para protestar por las condiciones de los trabajadores y las agresiones violentas en las cárceles. Además, se han celebrado actos de apoyo institucional frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla. El sindicato también ha informado que ofrece asistencia psicológica y jurídica a la psicóloga agredida a través de su programa CSIF Ayuda.

Un problema estructural que exige soluciones urgentes

La concentración de este lunes es un nuevo toque de atención al Gobierno para que actúe con firmeza y reconozca los derechos y la integridad de los profesionales de prisiones. Para los sindicatos, no se trata solo de una agresión, sino de un modelo de gestión agotado, donde la inseguridad laboral se ha institucionalizado.

El sindicato insiste en que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física y psicológica de sus trabajadores. “El riesgo cero no existe, pero el abandono institucional sí”, concluyen.