El pasado mes de enero conocíamos la historia de Miranda, una niña de 10 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a la que la Dirección Provincial de Educación le niega el traslado al Centro Especial de San Antonio, a pesar de haberle concedido el cambio de modalidad educativa. La contaban sus padres, desesperados, después de que la menor, apenas unos días antes de las vacaciones de Navidad, hubiera tratado de salir de clase a través de una ventana, con un claro riesgo para su vida. No era el primer incidente al que se enfrentaban, pero sí el que colmaba el vaso y el que les obligaba a dirigirse a los medios de comunicación tratando de obtener una repercusión que permitiera poner fin al calvario por el que está pasando la niña y todo su entorno.
Más de un mes sin avances
Más de un mes después, la situación no ha cambiado, y así lo explica su madre, Milagros García, que señala que “estamos igual que cuando comenzamos, llevamos desde diciembre solicitando este cambio, desde que ocurrieron esos hechos tan graves”. Todo ello a pesar de las reuniones que han mantenido en estas semanas con la administración educativa que, lamenta, “no nos proporciona ningún tipo de documentación” en relación al caso de su hija. “Hemos ido seis veces al Ministerio y estamos igual que cuando empezamos”. Y es que, señala en la entrevista con www.ceutatv.com, “ha sido mero trámite que vayamos, las familias aquí no cuentan para absolutamente nada”.
Reuniones con inspectores educativos, con el asesor de Atención a la Diversidad e incluso con el propio director provincial de Educación, Miguel Señor, sin que se haya producido ningún tipo de avance. Es más, señala, reuniones en las que el inspector responsable del caso le ha llegado a señalar que “me tiene apuntada en su agenda como la famosa” y le aconsejó que “acudiera al centro a pedir disculpas a los profesionales” cuando, ha insistido, ni ella ni nadie de su entorno les ha señalado, insistiendo en su primera comparecencia en que ellos, los profesionales del colegio, “hacen lo que pueden con los recursos que tienen”. Ese encuentro, insiste, “fue un poco surrealista, nos comentó que ya nos habían dedicado demasiado tiempo, que la niña está bien atendida y que él mismo había acudido al centro a ver cómo estaba mi hija”. Ese mismo día, insiste, su hija se había escapado dos veces del aula, una información que llega a la familia de primera mano, pues la menor comparte aula con su hermana, y que “los informes que se supone que tienen no recoge”.
Acceso al expediente educativo y posible vía judicial
Y dice que “se supone que tienen” porque ese es el segundo problema al que se están enfrentando en estas semanas, en las que a pesar de haber pedido hasta en dos ocasiones el expediente educativo de la niña, la administración educativa no se lo facilita. De hecho, señala Milagros García, “este mismo jueves presentamos un requerimiento por registro solicitando el expediente educativo de mi hija, en el que están las actas, el dictamen, los informes psicopedagógicos...” y lo hizo porque en otra de las reuniones, la que mantenía esta misma semana con el director provincial de Educación les aseguró “que no se nos puede proporcionar ningún tipo de documentación porque el expediente administrativo está abierto” y eso, insiste, no es lo que dice la ley de derecho administrativo. “Precisamente cuando el informe está abierto, cuando el procedimiento está abierto, las familias tenemos el derecho de acceder” y así lo recoge la legislación, subraya “podemos acceder en cualquier momento a ese expediente y tener copia de cualquier documento que esté en él”, es por eso que no entienden que les niegue porque “estamos en una situación de total indefensión”.
Y eso es quizá lo que más le duele, la imposibilidad de defender a su hija y la situación en que se encuentra. Hija, hermana y sobrina de docentes, conocedora del mundo educativo en primera persona, lamenta que “las familias ahora mismo nos encontramos ante un Ministerio que está totalmente deshumanizado en la que la familia y sus experiencias reales no cuentan en absoluto”.
Unas experiencias que, insiste, respalda el documento con que cuentan de la Orientación del centro educativo. “Tenemos un documento del centro que nos dice que Miranda no está debidamente atendida en un centro ordinario”, señala Milagros García, “por lo tanto mi hija está en un sitio que no le corresponde”, sin embargo, explica “la administración quiere alargar esto en el tiempo porque, según ellos, está bien atendida. Es una incongruencia total”.
Esta incongruencia, se teme, se mantendrá hasta el final del curso, algo que no comprende, “¿por qué la administración tiene que mantener a una menor en un sitio donde no está bien atendida? Que alguien nos lo explique, que nos lo explique, que nos lo motive por escrito”, reclama “no quieren hacerlo, quieren alargar esta situación cuando hablamos de los derechos de una menor”.
A partir de ahora, si la administración no responde a sus requerimientos para acceder a la documentación relativa a su hija, solo podrán “hacerlo de manera judicial y emprender acciones legales”. Es lo que les queda, explica, ante un caso que, asegura, es el que les toca de manera directa, pero no el único. Y es que, señala, a raíz de su denuncia pública “se han puesto en contacto conmigo muchas madres y muchos padres que están en la misma situación de indefensión aquí en Ceuta”, algo de lo que, asegura, el director provincial de Educación le ha negado tener conocimiento. Situaciones como que “en recreos de esta ciudad a los niños se les ha puesto un peto fluorescente por ser autistas para que se tenga más cuidado” o que “hay niños que se les da un carnet para que estén en una biblioteca y no les agredan en el recreo”. Todas ellas, lamenta, son desconocidas para Miguel Señor. Ante esto, explica, la conclusión es clara, “las familias y nuestros niños y niñas estamos en un momento de indefensión”.
