En un inesperado giro, el Ministerio de Justicia ha decidido poner fin al teletrabajo de forma abrupta, dejando a muchos trabajadores y sindicatos perplejos. La medida, justificada por la supuesta finalización de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ha desatado una controversia que pone en entredicho la política de recursos humanos en la Administración de Justicia.
La eliminación repentina del teletrabajo ha generado una serie de críticas por parte de sindicatos y trabajadores. En particular, el sindicato CCOO ha expresado su descontento con la medida, argumentando que se había llegado a un acuerdo en 2021 para regular el teletrabajo en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho acuerdo contemplaba la incorporación legal del teletrabajo para todo el personal de Justicia, lo que, según CCOO, era necesario para garantizar una adecuada conciliación de la vida laboral y familiar.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia optó por emitir una circular unilateral en lugar de aplicar el acuerdo de manera negociada. La decisión de eliminar de tajo el teletrabajo, tomada un viernes por la tarde para entrar en vigor el lunes siguiente, ha dejado a muchos empleados en una situación complicada y ha generado incertidumbre sobre su futuro laboral.
Desde CCOO y otros sindicatos se ha instado al Ministerio a regular el teletrabajo de manera pactada y negociada, para evitar desigualdades y discriminaciones en la concesión de autorizaciones de teletrabajo. También se ha enfatizado que los derechos de los empleados deben ser idénticos, ya sea que trabajen de manera presencial o desde casa.
La súbita decisión del Ministerio de Justicia de eliminar el teletrabajo sin una regulación adecuada ha dejado al descubierto la importancia de establecer condiciones laborales reguladas y pactadas. Los sindicatos y trabajadores han subrayado la necesidad de que los derechos laborales no estén sujetos a la arbitrariedad de la Administración o de las jefaturas de oficina, y que se garantice el acceso al teletrabajo en igualdad de condiciones.
Los sindicatos exigen una acción inmediata por parte del Ministerio para evitar desigualdades y discriminaciones en el ámbito de la Administración de Justicia."
