El macrojuicio contra varias personas por su presunta pertenencia a una red de blanqueo de capitales y narcotráfico ha continuado este martes con varios acontecimientos de interés. Por ejemplo, con la sustitución de uno de los abogados, Javier Cabillas, por el peninsular Wilfredo Amestoy. Este representa a la agente de la Policía Local que fue esposa de uno de los señalados como principales cabecillas de la red.
Se trata de una de las grandes novedades para esta mañana de juicio, que ha comenzado con dos peticiones rechazadas. Una, la del propio Amestoy de aplazar el juicio para poder estudiar la documentación. La otra, de nulidad planteada por las defensas porque no se le habían entregado a las partes unos cd's que fueron entregados al juzgado el pasado jueves. La decisión de la sala fue rechazarla, en base a que podían pedirla cuando quisieran, y a "un error, bastante común" -según el presidente de la Audiencia, Fernando Tesón- que es "pensar que toda la documentación que se aporta tiene que ser inmediatamente entregada" a las partes, que pueden consultarla cuando quieran. El fiscal, Leopoldo Sánchez, fue bastante más duro con los abogados, a los que reprochó "pereza" a la hora de examinar la documentación, que obraba desde el principio del juicio.
Así pues, comenzaron los testimonios. Algunos por videoconferencia: fue el caso de un constructor y un transportista. El primero de ellos ayudó a uno de los dos hermanos prófugos a colocar ladrillos en un almacén de una vivienda rústica en Málaga. Hubo una cierta contradicción entre su testimonio de este martes y el de su primer testimonio ante la Guardia Civil. Si en un primer momento dijo haber recibido un encargo para llevar esos ladrillos, en esta ocasión dijo haberlo hecho por pura amistad personal con la familia, "y al ver a ese hombre solo", en referencia al propietario de la vivienda e hijo de otra de las encausadas. "Coloqué los ladrillos al lado de un almacén, porque nos íbamos a la Romería de El Rocío, y claro, querían evitar que se le prendiera fuego con una colilla" o cualquier eventualidad. En ese almacén, tapiado, estaba una lancha que no identificó como narcolancha. "Un barco", sentenció. Afirmó este martes que como tenía el caballo dentro de la hípica, le cobraban poco y que por eso accedió a hacer el trabajo. "Me he criado con la madre de este hombre -otra acusada-, es una familia que ha ido haciendo su casa poco a poco".
Le tomó el relevo el hombre que vendió los ladrillos, propietario de una empresa de construcción, y que admitió haber entregado esos ladrillos por un precio cercano a los 400 euros, que cobró en metálico. En otras ocasiones, había servido de material a la familia, pero "como eran pequeñas cantidades, no necesitaban porte y lo habían retirado ellos mismos de mi negocio".
Luego declaró el hermano de la agente de la Policía Local sobre una vivienda que tenía en propiedad en la calle Colombia. Este, compañero de profesión de su hermana pero enn la localidad malagueña de Estepona, admitió que "tenía por una serie de circunstancias que alquilar una casa, y le pedí a mi hermana que se hiciera cargo de aquello. Yo solo quería 500 euros mensualmente". Era consciente de que su hermana cobraba algo más, "pero no sabía cuanto" como de que su hermana tenía para alquilar una buhardilla en el chalet de Postigo y un apartamento en la parte superior del mismo. El pago del alquiler era a veces por trasnferencia, a veces en metálico. La agente inmobiliaria encargada de gestionar ese pago señaló conocer a las familias "de toda la vida", y que la policía "me ofreció gestionar el alquiler" en el transcurso de un partido de fútbol que jugaban los hijos de ambas. La cantidad era de 550 euros, y en principio se hizo una excepción con el contrato "que ponía en el número de cuenta que aportase el arrendatario" ante las prisas de este por entrar a vivir en la propiedad alquilada.
El resto de testimonios siguieron tratando de aclarar determinados pagos. Por ejemplo, el padre de uno de los acusados, que admitió haberles comprado una moto a sus hijos "y no se quien pagaba el seguro". Este hombre dijo tener varias propiedades en alquiler y disponer de una pensión de 700 euros mensuales. También otro amigo "de toda la vida" de la familia de uno de los encausados, al que vendió un Mitsubishi por 15.000 euros, en metálico, a uno de los acusados.
También declaró otro transportista, primo de otro de los acusados -señalado como piloto de la narcolancha-, que gestiona una empresa de transportes en Málaga. Su primo le pidió que trasladara dos motos de agua "que venían de Alemania u Holanda" a una propiedad, y luego encontró que eran motores. "Le llamé para decirle que eran motores", y le cobró el porte. Su primo "no se si tiene afición al mar; a el le gustan más las motos de trial, pero no sabia que le gustase el mar". Su primo "tiene máquinas, se que estuvo trabajando en Marruecos y que ganaba para vivir". También cobró en metálico. El último testigo admitió haber hecho algunos trabajos de reforma en la vivienda de Málaga del señalado como piloto de la narcolancha. Cobró también en efectivo en varias mensualidades, además de recibir un pago en especias: una motocicleta valorada en 3.000 euros que era propiedad de otro de los acusados. En concreto, de la pareja sentimental de la hermana pequeña de la familia.
