El 12 de abril se celebra el Día de la Atención Primaria. Se trata de una fecha en la que el Foro de Médicos de Atención Primaria reivindica el papel que tiene este nivel asistencial en la mejora de la atención sanitaria, en general; y de la calidad de vida de todas las personas, en particular.
La pandemia de la COVID-19 ha sometido al Sistema Nacional de Salud a una presión sin precedentes en la historia reciente del país. Un incremento de la presión que no se ha visto acompañado de medidas adecuadas orientadas a reforzar la atención primaria y garantizar el derecho a la salud de todas las personas, lo que ha abocado al sistema a una situación cercana al colapso.
Ante esta situación próxima al colapso asistencial, las comunidades autónomas adoptaron algunas medidas de refuerzo del sistema, las cuales resultaron insuficientes porque no han reforzado de manera adecuada la atención primaria y ni han garantizado el acceso a la atención sanitaria de una población con crecientes necesidades de salud, relativas no únicamente a la COVID-19 sino también a otras patologías. Ante esta escasez de recursos, servicios como la atención domiciliaria se vieron reducidos, afectando a personas que no podían acceder a los centros por su condición física o de salud. Asimismo, los tiempos de las listas de espera en la atención primaria aumentaron.
Las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas o con enfermedades de salud mental tienen más necesidades y, por lo tanto, dependen más del sistema sanitario. Un sistema que, al no contar con suficientes medios y estar centrado en la gestión de la pandemia, no ha integrado de manera adecuada el derecho a la salud y las necesidades especiales de salud de estos grupos en el diseño de la respuesta a la pandemia, provocando una discriminación indirecta en las personas con patologías no COVID-19.
Por otra parte, las y los profesionales sanitarios han desempeñado un papel extraordinario en la respuesta a la pandemia, han arriesgado su salud y su bienestar, a menudo en circunstancias difíciles y con muy poco apoyo, para garantizar el acceso de la población a su derecho a la salud.
Las Comunidades Autónomas deben eliminar las barreras de acceso a la atención primaria de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y adoptar medidas concretas para asegurar que las necesidades de salud de las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas o con enfermedades de salud mental están integradas en las estrategias de gestión sanitaria, y que se garantiza su derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, tal y como han recomendado la OMS y diversos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La pandemia de COVID-19 ha agravado los trastornos mentales y ha incrementado el número de nuevos casos. Según el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), el 65% de la población española manifestó síntomas de ansiedad y cuadros depresivos durante el confinamiento.Hay estudios que muestran que la propia vivencia de la pandemia, más allá de la infección y la experiencia delconfinamiento y demás medidas decretadas, también ha generado problemas de salud mental. Son personas que sufren síntomas desencadenados por situaciones económicas y sociales, incertidumbre laboral, soledad, familias con sobrecarga de cuidados, estrés asociado a la vivencia del confinamiento o miedos de contagio e incertidumbre.
La AP soporta más del 50% de la carga asistencial que suponen los trastornos mentales para el sistema sanitario. De entre estos, los trastornos de ansiedad, las depresiones y las somatizaciones son los trastornos más prevalentes, con un 49,2% de probables trastornos de ansiedad, depresión o somatizaciones detectados y un 31,2% de trastornos mentales diagnosticados en el último año en las consultas de AP. A su vez, estos trastornos mentales tan prevalentes o comunes presentan una frecuente asociación con varias enfermedades crónicas, así como con insomnio primario. Dos de cada tres pacientes con trastornos de ansiedad o depresión son tratados por su médico de Atención Primaria, esencialmente con fármacos, con una baja tasa de remisión y frecuentes recaídas. Por su alta prevalencia, generan los mayores costes y carga entre los trastornos mentales (el 50% del total). Su naturaleza biopsicosocial, permite entenderlos y tratarlos desde un enfoque emocional, con técnicas psicológicas cognitivo-conductuales que han demostrado ser eficaces, como se ha visto en la iniciativa británica “Mejora del Acceso al Tratamiento Psicológico” (IAPT), que ha llevado con éxito este tratamiento a grandes capas de la población a través de Atención Primaria, lo que supone una mejora del sistema y un ahorro de costes. Sin embargo, en nuestro país, dichos trastornos son tratados en su gran mayoría con psicofármacos, a pesar de la evidencia, ocasionan un gran impacto a nivel clínico, debido a la cronicidad y comorbilidad del proceso y la discapacidad asociada, así como al alto coste económico que todo ello genera (2,2% del PIB). Esto es debido, fundamentalmente, a la ausencia de la aplicación de los tratamientos basados en la evidencia, recomendados para estos trastornos por las guías de práctica clínica en el nivel asistencial donde con más frecuencia son detectados, la AP. Las guías del NICE recomiendan las técnicas cognitivo-conductuales.
Si el tratamiento habitual de AP genera una baja tasa de remisión de los trastornos mentales comunes, -que están aumentando en todo el mundo, y suponen ya una carga importante para las economías occidentales, que está aumentando a lo largo del tiempo-, la OMS insiste en la necesidad de cambiar el modelo de tratamiento de los trastornos de ansiedad y la depresión (primera causa de años vividos con discapacidad ya en el año 2015 y fuertemente asociada con el suicidio), además de favorecer su accesibilidad.
Algunos cambios ya se están produciendo en nuestro país. En la Comunidad de Madrid, en el Principado de Asturias y Cataluñá ya se ha implantado la figura del psicólogo clínico en AP, que viene atendiendo desde hace un año los casos leves y moderados de depresión y trastornos de ansiedad. Los resultados de diferentes estudios en citadas comunidades, refieren el éxito de los resultados alcanzados con la práctica habitual del psicólogo clínico en AP.
En otras comunidades autónomas se han aprobado iniciativas de la asamblea o el parlamento en forma de resoluciones o proyectos no de ley instando al gobierno a la inclusión de la figura del psicólogo clínico en AP y a la implantación del tratamiento psicológico de los trastornos mentales comunes en AP. Este es el caso de las comunidades autónomas de Valencia, Islas Baleares y Aragón, además de las ya mencionadas (Madrid, Asturias, Cataluña o Navarra). En otras comunidades no nos consta si siguen en trámite o han sido aprobada. Pero en todos los casos, se muestra un alto interés por parte de los diferentes grupos políticos para que la psicología clínica esté presente en AP. Los grupos políticos son conscientes de esta necesidad, así como de que la población general está bastante sensibilizada, como se muestra en los medios de comunicación y redes sociales.
Por todo ello, el COP propone la inclusión de la figura del psicólogo clínico en AP también en nuestra ciudad Autónoma, con el objetivo de tratar los trastornos mentales comunes con las técnicas que son más eficaces y además presenten las mejores relaciones de coste-eficacia y coste-utilidad. Es una cuestión de equidad, uno de los principios básicos de nuestra sanidad pública. Además, este cambio supondrá una mejora del sistema de Atención Primaria que es el que soporta la mayor parte de esta carga, reduciendo la hiperfrecuentación de estos pacientes, y una mejora de la relación coste-eficacia y coste-utilidad en el tratamiento de estos problemas.
Parafraseando a la Organización Mundial de la Salud, la OCU recuerda la importancia de la salud mental como “parte fundamental de la salud de las personas” y lamenta que siga siendo “la gran olvidada de las políticas sanitarias”.
Manifestando que “sin salud mental, no hay salud. Y sin recursos, no hay salud mental”, la OCU ha iniciado su petición, cuyos objetivos son:
• Que se triplique el número de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud, para alinearnos con los países de nuestro entorno.
• Que se convoque un número suficiente de plazas PIR para cubrir las carencias del sistema.
• Que se reduzcan las listas de espera.
• Que se incorpore la figura del psicólogo clínico al primer nivel asistencial: que exista esta figura en Atención Primaria.
• Que las buenas intenciones recogidas en la Estrategia Nacional en Salud Mental se hagan realidad, incluyendo la puesta en marcha de un Plan Nacional sobre suicidio
En Europa hay 18 profesionales de la salud mental por cada 1.000 habitantes, en España solo 6, pero en Ceuta se reduce a 2,5. En algunas Comunidades se han incluido psicólogos en Atención Primaria, pero no en Ceuta.
Por todo ello, desde el COPCE, instamos a las autoridades sanitarias de nuestra ciudad a que se sumen a estas iniciativas de Madrid y Valencia para proporcionar a nuestros ciudadanos el derecho de tener asistencia psicológica en sus centros de salud y, ya de camino, ponernos a la cabeza de las comunidades del Estado que también han tomado conciencia de la necesidad y conveniencia de la implantación de este servicio psicológico en el sistema sanitario primario.
Bárbara García de Longoria López