El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 118.401 euros destinada a Ceuta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para desarrollar el primer Plan de Prevención del Suicidio en ambas ciudades durante el ejercicio presupuestario de 2025. La medida forma parte de una inversión estatal de 17,83 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas, que será sometida al visto bueno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
El plan contempla una serie de actuaciones clave para abordar de manera integral la prevención del suicidio, un problema de salud pública que preocupa cada vez más a las autoridades sanitarias. Entre las acciones previstas se incluyen campañas de concienciación social contra el estigma y la discriminación asociada a la salud mental, así como la creación de entornos comunitarios de apoyo emocional.
Se prestará especial atención a colectivos vulnerables como las personas mayores, el colectivo LGTBIQ+, quienes viven en exclusión social y los cuidadores no profesionales. Además, se implementarán programas de apoyo a personas que han perdido a un ser querido por suicidio, una de las líneas de actuación prioritarias del plan.
Otra medida destacada es la reforma de los servicios de urgencias hospitalarias, con el objetivo de mejorar la atención a personas en crisis. También se pondrán en marcha dispositivos comunitarios específicos para personas con riesgo identificado, incluidos pacientes con enfermedades graves o dolor crónico.
El plan contempla, asimismo, el fortalecimiento de los equipos de atención telefónica especializada y la formación continua de agentes comunitarios clave, conocidos como gatekeepers, que trabajan con personas en riesgo.
El presupuesto total se dividirá en 12,83 millones de euros para gastos corrientes -como el desarrollo de los programas y la dotación de personal especializado- y 5 millones para inversiones en infraestructuras y equipamiento tecnológico.
La recepción de los fondos estará condicionada a la adhesión de las comunidades a las actuaciones propuestas, así como a la presentación de una memoria detallada y al cumplimiento de los procedimientos establecidos.
