En un esfuerzo conjunto por combatir la violencia en la infancia y adolescencia, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han dado un paso significativo al aprobar un Protocolo para actuar frente a este grave problema en el ámbito sanitario.
El Protocolo, desarrollado por la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA), tiene como objetivo principal homogeneizar la respuesta del ámbito sanitario a nivel nacional y sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia sobre la infancia y adolescencia.
Según datos del Registro Unificado de Maltrato Infantil, en 2021 se registraron 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños, niñas y adolescentes en España. Sin embargo, diversos estudios de prevalencia sugieren que esta cifra podría ser aún mayor, lo que subraya la importancia de contar con un protocolo efectivo y coordinado para abordar esta problemática.
El Protocolo se fundamenta en los protocolos autonómicos ya existentes y en la revisión de la bibliografía más reciente en materia de violencia en la infancia y adolescencia. Está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto asistenciales como no asistenciales, así como a aquellas personas con responsabilidad en la gestión y planificación de políticas y recursos sanitarios.
La aprobación de este Protocolo es un paso clave en la implementación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en 2021, que busca establecer un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia desde una perspectiva integral y basada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El documento ha sido elaborado bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas, así como otras instituciones y profesionales implicados en la prevención y detección de la violencia en la infancia y adolescencia. Su revisión y validación han contado también con la participación de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en un esfuerzo conjunto por garantizar una respuesta efectiva y coordinada ante este grave problema.
