La familia Mizzian ha anunciado que pedirá audiencia con el Fiscal General del Estado, aprovechando su visita a Ceuta con motivo de las Jornadas Jurídicas, para explicarle la situación por la que están atravesando después de que la Ciudad Autónoma no haya ejecutado la sentencia por la que debían ser inhabilitados los dos policías locales condenados por una agresión a un miembro de esta familia.
Se da la circunstancia de que el hoy Fiscal General del Estado fue uno de los magistrados ponentes del Tribunal Supremo que, en 2013, firmó la ratificación de la sentencia condenatoria a estos dos policías sin que ésta se haya cumplido, han recordado, cuatro años después.
En otro orden de cosas, han explicado, ya se han personado en el juzgado de primera instancia como acusación particular en la denuncia presentada por la Fiscalía de Ceuta contra el consejero de Gobernación por un supuesto delito de prevaricación administrativa por proceder al sobreseimiento del expediente disciplinario para hacer efectivo el mandato de la resolución judicial anteriormente mencionada.
Para los familiares de la víctima de esta agresión, ya fallecido, es responsabilidad del presidente de la ciudad que dos policías, que se encuentran en el registro de penados, sigan ejerciendo sus funciones, algo de lo que han advertido al propio Vivas a través de dos escritos presentados en el Registro de la Ciudad.
