En un comunicado conjunto, los consejeros de Economía de estas regiones han considerado que "lo mínimo que se puede pedir es hablarlo con las Comunidades Autónomas". "Los fondos europeos no son patrimonio del Gobierno, sino que pertenecen a todos los españoles", han señalado. Los 84.000 millones de euros de este segundo tramo computarán como deuda y los tendrán que ejecutar este Gobierno y el siguiente.
Sobre este asunto, los consejeros denuncian la falta de "diálogo, negociación y debate" del Gobierno con las Comunidades Autónomas, en el diseño y planificación de la solicitud de los 84.000 millones de euros de créditos a la Unión Europea, la adenda o segunda parte de los fondos adjudicados a España dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Fondos EU-Next Generation. Asimismo, han lamentado que el Gobierno "vuelva a incurrir en los mismos errores" que con el diseño del plan de ejecución de los Fondos Europeos y "no haya negociado con las Comunidades Autónomas las líneas de inversión, los objetivos o los hitos".
Estas autonomías han considerado, "más todavía si cabe, una auténtica incongruencia del Gobierno" la falta de diálogo cuando el Gobierno prevé que sean estas las que movilicen los préstamos a través de un fondo, además de los mecanismos ICO. "La falta de cogobernanza y transparencia de la que hace gala el Gobierno" esconde "claras debilidades" que "aleja la posibilidad real de éxito" en el desarrollo de un plan que es "una oportunidad histórica para España".
Asimismo han apuntado que los consejeros no pueden compartir lo afirmado por el Gobierno cuando indica que "el proyecto de adenda es fruto del intenso diálogo con las Comunidades Autónomas" o "tras un intenso proceso de consulta con las administraciones territoriales" pues "no responde a un proceso abierto de dialogo, consenso y debate. De hecho, hasta el anuncio del Gobierno las Comunidades Autónomas no teníamos conocimiento del nuevo Plan y hemos podido conocerlo por la información trasladada a través de la prensa", han remarcado.
Para los representantes de estas autonomías, el Gobierno debería sentarse con éstas, ayuntamientos, sindicatos y patronal, así como con las entidades financieras. "Tendríamos que implicar a las entidades financieras, que fueran partícipes, como hace el ICO, en un porcentaje de esos importes, para que haya una corresponsabilidad en el riesgo y, a partir de ahí, intentar trasladar a todo el mundo la histórica oportunidad que tenemos como país", han señalado.
Ante esta situación, los responsables de Economía y Hacienda de estas autonomías han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación dependiente del Ministerio de Hacienda para trabajar sobre la nueva adenda que afecta tanto al incremento del Plan como a la parte de préstamos que se va a solicitar. Igualmente consideran necesario habilitar los instrumentos para dotar de mayor transparencia la ejecución de los fondos (entre otros el COFFEE) y una mejor valoración del estado actual del Plan de Recuperación.
