Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han escenificado un frente común en defensa del Sistema de Dependencia, denunciando lo que califican como un “estrangulamiento económico” por parte del Gobierno central. Según han trasladado en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, el actual modelo de financiación resulta insuficiente y pone en riesgo la sostenibilidad de este servicio público.
De acuerdo a la información presentada, las autonomías del PP han reclamado una financiación “justa y rigurosa” a través de una moción impulsada por el Grupo Popular, en la que se insta al Ejecutivo a asumir su parte correspondiente en el sostenimiento del sistema.
Desigual reparto del gasto
Según señalan desde el PP, las comunidades autónomas gobernadas por esta formación están asumiendo más del 70% del coste total del sistema de atención a la dependencia, mientras que el Gobierno de España aporta menos del 30%.
Esta situación, según afirman, supone un incumplimiento de la ley, que establece un reparto equilibrado de la financiación. De acuerdo a esta valoración, este desequilibrio no solo afecta a la gestión económica, sino que también impacta directamente en la calidad de la atención a las personas dependientes.
Desde el PP se advierte de que esta falta de financiación adecuada puede comprometer uno de los pilares del Estado del bienestar, al tiempo que deja en una situación de vulnerabilidad a quienes requieren estos servicios.
“Nadie del Ejecutivo ha querido estar presente”
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha subrayado que esta cuestión constituye una prioridad para su formación. Según ha afirmado, resulta significativo que “nadie del Gobierno de Sánchez haya querido estar presente” en el debate monográfico sobre la Dependencia.
En este sentido, García cuestiona la ausencia del Ejecutivo en un foro institucional clave, planteando qué otra prioridad podría tener el Gobierno frente a un asunto que afecta directamente a miles de personas en todo el país.
Asimismo, ha señalado que el PP pretende situar en el centro del debate político los problemas reales de la ciudadanía, frente a lo que considera una “marginación” de estos asuntos por parte del Ejecutivo.
“Yo invito, pero tú pagas”
Desde el Grupo Popular se critica también el modelo de financiación propuesto por el Gobierno, al que acusan de promover nuevas prestaciones sin asumir el coste correspondiente.
Según se ha indicado, este planteamiento trasladaría la carga económica a las comunidades autónomas, lo que el PP resume en la expresión “yo invito, pero tú pagas”, en referencia a la creación de nuevos derechos sin respaldo presupuestario estatal suficiente.
Advertencias sobre el deterioro del sistema
Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado que el Gobierno desarrolla una política social caracterizada por la falta de diálogo, consenso y presupuesto.
Según ha señalado, el Ejecutivo “tiene titulares, pero le faltan presupuestos”, recordando que no ha logrado aprobar cuentas durante la legislatura actual. En este contexto, ha advertido de que el sistema de Dependencia “solo sobrevive gracias al esfuerzo de las comunidades autónomas”.
Fúnez ha insistido en la necesidad de garantizar una financiación real, rigurosa y sostenible, así como en el cumplimiento de la normativa vigente por parte del Gobierno central.
Reparto territorial y críticas políticas
En su intervención, la dirigente popular también ha señalado que el Gobierno ha alcanzado acuerdos en materia de financiación con el País Vasco, lo que, según afirma, supone un trato diferenciado.
De acuerdo a sus declaraciones, estas decisiones se habrían utilizado como instrumento político, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre el reparto equitativo de recursos entre territorios.
Reivindicación de un cambio en el modelo
Las comunidades autónomas del PP han coincidido en la necesidad de reformar el actual modelo de financiación para garantizar la viabilidad del Sistema de Dependencia. Según sostienen, sin una mayor implicación económica del Estado, el sistema podría ver comprometida su capacidad de respuesta.
Han reiterado su exigencia de que el Gobierno cumpla con sus obligaciones presupuestarias y evite la aprobación de nuevas medidas que incrementen la carga financiera de las autonomías.
