Pasan los meses y todo sigue igual. Servilimpce continúa siendo un polvorín, la impresión sobre el estado de la limpieza de las calles no ha mejorado y la plantilla cada vez se muestra más crispada viendo como el nuevo convenio que se les prometió no avanza. El problema central parece la nula autoridad del gerente, al que el Gobierno, según fuentes internas de la sociedad, no permite tomar decisiones en prácticamente ninguna materia.
Cuentan estas que reunión tras reunión los sindicatos le exponen las cuestiones que quieren incluir en el nuevo marco laboral y que él "las lleva al consejo de administración y siempre le dicen que no". "No avanzamos en ningún punto, en nada de nada. Tenemos una nueva reunión la próxima semana y queremos que en ella esté alguien que nos pueda decir que sí o que no. Este hombre nos dice que sí, que sí y luego cuando lo traslada vuelve con lo contrario", agregan trabajadores de la empresa de la limpieza.
No es en ningún caso una crítica hacia la figura del gerente, Luis de la Barrera, del que dicen "hace lo que puede con toda su buena fe". Sino al propio Ejecutivo local, que tampoco apoyó al responsable de Servilimpce cuando quiso imponer el control de entrada y salida obligatorio en la empresa y dar un tirón de orejas a algunos de los trabajadores más mediáticos, a los que se achaca el hecho de no acudir en hora a su puesto, irse antes o incluso no aparecer.
A esto se suma el elevado absentismo, con un porcentaje importante de empleados de baja, justo aquellos sobre los que, según las fuentes consultadas, suele acabar recayendo de forma reiterada la presión de sacar adelante la faena.
En ese contexto en el que se mantienen los viejos vicios de la firma que antes prestaba el servicio, Trace, cuyos obreros se han subrogado a Servilimpce, sobrevuela el temor de que el convenio se esté demorando con intenciones oscuras. "Poder colar a altos cargos que no deberían estar trabajando, porque no vienen recogidas sus categorías en el convenio", deslizan representantes sindicales, que apuntan que "a los seis meses" de estar en el puesto ya no podrían ser desplazados de la sociedad municipal, a pesar de mantener en algunos casos empleos paralelos incompatibles.
