Bolaños ha afirmado que se trata de una ley "avanzada y garantista", que sustituye a una norma preconstitucional y se adapta a la Constitución y a los estándares de tratamiento de la información clasificada de los socios de la Unión Europea y de la OTAN. A su juicio, la norma establece un equilibrio entre la transparencia y el derecho a conocer, por un lado, y la seguridad nacional.
El Proyecto de Ley presentado hoy establece cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. A cada nivel se le asigna un nivel de protección diferente en función del peligro que puede suponer para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida.
Félix Bolaños ha detallado que la competencia para clasificar como alto secreto y secreto cualquier documento corresponde al Consejo de Ministros. Mientras que la clasificación como restringido o confidencial podrán hacerla determinadas autoridades, como, por ejemplo, los titulares de los ministerios, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, el director del Departamento de Seguridad Nacional, los delegados y subdelegados del Gobierno y los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil.
La ley prevé, por primera vez en la historia de España, la desclasificación automática una vez transcurridos unos plazos, que dependerán del nivel de protección de los asuntos.
El contenido que se considere de alto secreto se desclasificará a los 50 años y se podrá prorrogar durante 15 más; el secreto a los 40 años, con una prórroga de hasta 10. La información clasificada como confidencial se desclasificará entre los 7 y los 10 años y la restringida entre los 4 y los 6. Estos plazos, según ha apuntado el ministro, "son revisables".
Bolaños ha añadido que se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente del Ministerio para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que será el órgano encargado de la protección y el tratamiento de la información de alto secreto, secreto o confidencial que se produzca en España y de la que provenga de otros Estados u organizaciones internacionales. Además, valorará la idoneidad de las personas que deben tener acceso a esa información, concederá la habilitación para su tratamiento profesional y regulará el acceso parlamentario.
Félix Bolaños también ha avanzado que el texto establece las garantías para el tratamiento, la protección y custodia de la información, cuya consulta se realizará preferentemente en la dependencia donde se encuentre archivada.
En caso de difusión indebida, las multas podrían oscilar entre los 50.000 y los tres millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven.
El ministro ha incidido en que el texto que se presenta hoy es susceptible de ser perfeccionado antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley y, una vez remitido a las Cortes, durante la tramitación parlamentaria.
