Desde el inicio de las reubicaciones, el Gobierno ha trasladado a 803 menores desde las comunidades y ciudades autónomas declaradas en contingencia migratoria, entre ellas Ceuta, Melilla y Canarias, al resto del territorio nacional. En el caso concreto de Ceuta, el número de menores reubicados roza ya los 200, una cifra especialmente relevante para una ciudad que durante años ha soportado una presión asistencial muy por encima de sus capacidades estructurales.
Los distintos departamentos implicados han coincidido en valorar de forma positiva el desarrollo del proceso, subrayando que tanto los traslados como la atención a los menores se están llevando a cabo con normalidad y dentro del marco legal establecido tras la reforma normativa.
Reubicaciones tras la reforma legal
Las reubicaciones se han producido tras la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobada mediante Real Decreto-ley el 19 de marzo de 2025. Gracias a esta reforma, se han podido realizar 395 reubicaciones directas de menores migrantes no acompañados desde los territorios en contingencia.
A estas cifras se suman 408 niños y adolescentes solicitantes de asilo que han sido trasladados desde Canarias a dispositivos abiertos específicamente en la península, quedando integrados en el Sistema de Protección Internacional. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado además que esta misma semana se reubicarán otros 28 menores solicitantes de protección internacional, algunos de ellos en centros de nueva apertura.
Un “hito” en la atención a la infancia migrante
El presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado la modificación de la Ley de Extranjería como “un hito importantísimo” en la atención a estos menores. Según ha señalado, en apenas siete meses se ha conseguido reubicar a más niños y adolescentes migrantes no acompañados que en muchos años juntos, cuando no existía una ley específica y la solidaridad voluntaria entre territorios no daba resultados efectivos.
Torres ha destacado que este avance se ha producido “a pesar de las continuas trabas que ha puesto la oposición”, incluyendo recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, insistiendo en que el nuevo marco legal está permitiendo una respuesta estructural y no improvisada a una realidad compleja.
Cumplimiento de los plazos legales
La reforma de la Ley de Extranjería establece plazos concretos para garantizar la reubicación efectiva de los menores. En primer lugar, fija un plazo máximo de un año para reubicar a los niños, niñas y adolescentes que ya se encontraban en las comunidades en contingencia migratoria antes de la entrada en vigor de la modificación legal, lo que sitúa el límite en marzo de 2026.
Asimismo, la norma establece un plazo de cuatro meses desde que las comunidades autónomas remiten al Gobierno de España los expedientes completos de los menores. En este sentido, el ministro ha recordado que, para cumplir con los plazos, las comunidades deberían haber enviado toda la documentación en noviembre de 2025.
En el caso de Canarias, el territorio con mayor número de menores, donde el Ejecutivo autonómico cifra en unos 1.700 los niños y adolescentes acogidos, hasta el momento solo se han remitido 536 expedientes, lo que, según Torres, dificulta el cumplimiento de los plazos previstos.
Colaboración institucional y compromiso del Gobierno
Ángel Víctor Torres ha reconocido las dificultades existentes, pero ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España de seguir trabajando con absoluta colaboración con las comunidades autónomas para garantizar una atención adecuada a la infancia migrante. El objetivo, ha subrayado, es cumplir la ley y mejorar de forma real y efectiva la protección de estos menores especialmente vulnerables.
Una comisión con amplio respaldo ministerial
La Comisión Interministerial de Inmigración está integrada por representantes de varios departamentos clave: Juventud e Infancia; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Asuntos Exteriores; Interior; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Política Territorial y Memoria Democrática, lo que refleja el carácter transversal de la política migratoria y de protección de menores.
Un alivio para Ceuta
Para Ceuta, una de las ciudades más afectadas históricamente por la llegada de menores migrantes no acompañados, en las que se ha llegado a contabilizar 528 acogidos simultáneos; estas reubicaciones suponen un alivio progresivo de la presión asistencial y un paso hacia un modelo más equilibrado y solidario en el conjunto del Estado. El proceso continúa abierto, con el objetivo de cumplir los plazos legales y garantizar que todos los menores reciban una atención digna y adecuada, con independencia del territorio en el que se encuentren.
