La secretaria General del Sector de la Administración General del Estado, Elisa Fernández Núñez, ha visitado Ceuta este lunes, al igual que está haciendo en todo el país, para trasladar a todos los delegados, la situación actual de la negociación que mantiene con el Gobierno sobre la Ley de Función Pública y cuáles son las Reivindicaciones que CCOO plantea.
Unas reivindicaciones que Fernández ha planteado en la concentración que han mantenido a las 12.00 frente a la Delegación del Gobierno y que pasa por exigir que la Ley de función pública de la Administración General del Estado que se está negociando, sea una ley con garantías, no solamente para garantizar los derechos del personal de la Administración General del Estado, sino también que nosotros podamos dar un servicio público de calidad a los ciudadanos.
Principalmente con una cobertura real de las vacantes, lo que implica mas ofertas de empleo público y que estas realmente se cubran sin que queden puestos vacantes. Que no conlleve cierre de centros, cierre de oficinas, ni citas previas para poder atender al público.
La secretaria de AGE denuncia una perdida de personal en torno a un 20 % en los últimos 10 años.
Manuel Domínguez, responsable de la Administración Pública en CCOO, señala que en Ceuta, hacen falta del orden de 400 plazas más, en todos los sectores, pero especialmente, en la seguridad social, el INE, el Ingesa y probablemente la oficina del DNI y de Extranjería,
Ha señalado que trámites que antes se solventanban en 48 o 72 horas, ahora tardan 4 y 5 meses.
Domínguez ha señalado que "estamos aquí fundamentalmente porque la Administración Pública presta un servicio con objetividad a ciudadanos que en definitiva es un derecho y esta ley rompe el paso constitucional que hablaba fundamentalmente de que los servicios públicos tienen que estar desempeñados por funcionarios"
Según explica el sindicalista "esta ley ratifica lo que no queríamos, que era la apertura ]a la empresa privada. Es decir, a partir de este momento, la Administración se va a convertir en un mero gestor de servicios y no con la garantía, con la objetividad y la independencia, que desde ahora hasta hace tiempo atrás, ejercían los funcionarios públicos del Estado".
Concluye que "podemos ver ya prácticamente que cualquier empleado de una empresa privada va a sustituir el puesto de trabajo de un empleado público que garantizaba todos esos derechos".
Por otra parte, Fernández ha comunicado que han presentado un conflicto colectivo para el personal laboral en relación al complemento de residencia que no, es la acorde en función de la titulación de acceso. Es decir, cobran menos de lo que está estipulado y por lo tanto está teniendo una pérdida retributiva que tiene ya una acumulación de cuatro años de atrasos que se les deberían abonar.
