CCOO ha mostrado su preocupación por el incumplimiento del plazo de publicación de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2023 en la Administración General del Estado (AGE), fijado en el primer semestre del año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El sindicato ha denunciado la falta de respeto a la obligación legal de negociación con las organizaciones sindicales y la ausencia de documentación en las reuniones del 7 y 10 de julio, lo que ha dificultado la evaluación y propuesta respecto a las cifras de empleo ofertado.
El sindicato ha resaltado la pérdida de personal público en la AGE en el año 2022, que superó en un 20% a la del año anterior, debido a jubilaciones, excedencias, fallecimientos y otras causas. El retraso en la publicación de las convocatorias y el alto número de plazas vacantes en los procesos selectivos han generado ineficacia en las OEP implementadas. Según la propia Administración, se ha producido una pérdida de 4.268 efectivos en la AGE entre julio de 2019 y julio de 2022. Por tanto, cualquier OEP que no incremente al menos un 25% respecto a la del año anterior será considerada inferior en términos comparativos homogéneos.
Una de las medidas destacadas en la OEP 2023 es la reserva de 2.500 puestos para la Seguridad Social, resultado de un acuerdo entre el Gobierno y CCOO tras las movilizaciones del personal del organismo. Esta medida supone un incremento del 25% en comparación al año anterior y refuerza el compromiso suscrito entre ambas partes.
Sin embargo, CCOO ha señalado una disparidad evidente en la oferta para ingreso libre entre los subgrupos C1 y C2. Mientras que se ofertan 8.790 plazas para el acceso a cuerpos de C1, tan solo se ofrecen 1.073 plazas para el acceso a cuerpos de C2. Esta desigualdad carece de justificación, sobre todo considerando que el subgrupo C2 es la única puerta de entrada a la administración pública para personas con un nivel de estudios básico.
La situación se agrava en el caso del personal laboral, donde existe una notable diferencia entre los 16.232 puestos de personal funcionario y los 2.562 puestos de personal laboral ofertados.
En cuanto a la promoción interna, se observa una brecha aún mayor en el personal funcionario. Aunque se mantiene una proporción razonable entre los subgrupos C1, A2 y A1, con 3.743, 2.442 y 1.407 plazas respectivamente, solo se ofrecen 300 plazas para la promoción al subgrupo C2. Esto supone menos del 10% de las plazas de promoción para el subgrupo C1 y no parece responder al objetivo de fortalecer el servicio público de atención directa a la ciudadanía.
En cuanto al personal laboral, la relación de plazas de promoción interna parece estar más equilibrada, con 1.649 plazas frente a las 7.892 plazas de personal funcionario. Sin embargo, no se detallan los grupos de ingreso y promoción de personal laboral, limitándose a hacer referencia a los diferentes convenios existentes.
CCOO hace un llamado a una mayor transparencia y diálogo por parte del Gobierno para garantizar una adecuada planificación de la oferta de empleo público y una mejora en las condiciones laborales del personal de la Administración General del Estado.
