Mustafa Mohamed, coordinador de CCOO Hábitat, ha remitido una carta al presidente del Consejo de Administración de la empresa, Alejandro Ramírez, para censurar una situación que, asegura, “se repite desde la creación de la entidad”. Según Mohamed, se celebran reuniones donde se debaten condiciones laborales que afectan al conjunto de la plantilla, sin que los sindicatos representativos —entre ellos CCOO, que representa al 30% de los trabajadores— hayan sido convocados formalmente.
“El derecho a la negociación colectiva está siendo hurtado” a una parte considerable de los trabajadores, señala Mohamed, quien critica que en estas reuniones “semiclandestinas” participan empleados sin representación legal ni autoridad para negociar. Una práctica que, a su juicio, vulnera el marco legal que rige las relaciones laborales en las empresas públicas.
Comisiones Obreras denuncia además la falta de respuesta institucional. “Cada vez que advertimos esta barbaridad, el gerente nos dice que está de acuerdo con nosotros, pero ‘nadie le hace caso’. Suponemos que ese ‘nadie’ es usted”, expresa el representante sindical dirigiéndose al presidente de la sociedad.
Mohamed sostiene que esta actitud contrasta con el funcionamiento de otras empresas municipales, donde la interlocución sindical está plenamente normalizada. “No entendemos por qué Servilimpce sigue “instalada en el caos”. La única explicación es que, “en este maremágnum, algunos prefieren un ‘río revuelto’ del que seguir pescando beneficios personales”, añade.
CCOO lamenta también la “lentitud” de la Inspección de Trabajo, a la que acusan de no haberse pronunciado aún sobre estas prácticas, a pesar de haber sido informada de ellas en varias ocasiones. Mientras tanto —asegura Mohamed— “se siguen negociando asuntos tan relevantes como las horas extraordinarias o la asignación de categorías superiores sin ninguna garantía ni transparencia”.
El sindicato reclama al Consejo de Administración que ponga fin a lo que consideran una “gestión opaca, irregular y excluyente”, y que se establezcan de manera inmediata los canales oficiales de interlocución sindical, tal como obliga la normativa vigente en el sector público
