jueves. 04.06.2026

El movimiento estudiantil de Ceuta ha convocado este jueves una concentración en la Plaza de los Reyes para mostrar su apoyo al pueblo palestino y denunciar la violencia y las vulneraciones de derechos humanos que asegura sufre la población en Gaza. La iniciativa se enmarca bajo el lema ‘Paz, dignidad y libertad para Palestina’, ha tenido una duración de alrededor de media hora, con lectura de manifiestos, cánticos y consignas frente a la Delegación del Gobierno.

“Queremos alzar la voz por una causa justa y recordar que Ceuta no puede quedarse atrás ante un genocidio. Es necesario visibilizar lo que está ocurriendo y exigir que se respeten los derechos humanos”, explicaba Adil, portavoz del movimiento estudiantil.

“Flotilla aguanta, que Ceuta se levanta”

Así, la convocatoria coincide con la llegada a la zona de bloqueo impuesta por Israel de seis de los barcos de la ‘Global Sumud Flotilla’, que partieron rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. La flotilla internacional ha sido interceptada por la armada israelí. El personal militar israelí detuvo a los activistas a bordo, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg. 

“La Global Sumud Flotilla informa que algunos de sus barcos fueron abordado por personal militar mientras navegaban hacia Gaza y que se encontraba tratando de confirmar la situación de las personas a bordo”, indicó la flotilla en sus redes sociales. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel aseguró que los barcos y los activistas fueron detenidos de “forma segura”. 

Un manifiesto contundente

Durante la concentración, los estudiantes han leído un manifiesto en el que afirmaron estar al lado correcto de la historia, junto al pueblo palestino, y denunciando los gobiernos y líderes internacionales que, a su juicio, son cómplices de la violencia en Gaza.

El texto destaca el apoyo incondicional a la Global Sumud Flotilla y exige la liberación inmediata de los detenidos tras el ataque sufrido por el convoy. Los estudiantes responsabilizaron a líderes como Netanyahu, Trump y otros gobiernos europeos de cualquier daño que pudieran sufrir los activistas, y denunciaron que las instituciones internacionales, incluidos gobiernos que prometieron medidas como el embargo de armas, han fallado en proteger al pueblo palestino.

“Estamos demostrando más decencia que todos los gobiernos e instituciones capitalistas de los últimos años. La única vía para lograr justicia en Gaza, Cisjordania y Palestina es presionar desde las calles, junto a la clase trabajadora, la juventud y los pueblos de todo el mundo”, subraya el manifiesto. 

Además, han hecho un llamamiento a una “huelga general de 24 horas” el 15 de octubre, como medida para visibilizar la solidaridad con Palestina y presionar a los gobiernos implicados.

“Si no se manifiestan los jóvenes, ¿quiénes lo van a hacer?”

La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, se ha referido a la concentración convocada por el sindicato de estudiantes este mediodía. Lo ha hecho instantes antes de que comenzara y a preguntas de los periodistas, poniendo sobre la mesa, en primer lugar, su condena “al genocidio en Gaza”. Pérez ha insistido en que “el Gobierno de Netanyahu está masacrando a la población palestina” y ha lamentado que “se están matando niños a diario y eso no lo podemos consentir”.

Respecto a la concentración, la delegada del Gobierno ha explicado que se ha facilitado cualquier acción dentro de los cauces de la normalidad, recordando que “es un derecho constitucional que debemos proteger” y ha solicitado que se desarrollara “por los cauces de la convivencia y las no agresiones”.

Pérez ha señalado, además, que “si no lo hacen los estudiantes y los jóvenes, ¿quiénes lo van a hacer?” y ha negado las acusaciones respecto a la coacción del Instituto Almina a sus alumnos, señalando, en cualquier caso, que la propia Delegación del Gobierno se puso en contacto con la Dirección Provincial de Educación y esta, a su vez, con la dirección del centro escolar, que “en todo momento ha negado esa circunstancia”.

Desde la administración se recordaba que “es un derecho constitucional y no podía tener consecuencias negativas”.

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