La economía de Ceuta afronta una nueva llamada de atención. El PSOE denuncia que el Gobierno local, presidido por el Partido Popular, duplica el plazo legal de pago a proveedores, incumpliendo de forma reiterada la Ley de Morosidad, que establece un máximo de 30 días. Según los datos hechos públicos, el periodo medio de pago alcanza los 60 días, lo que asfixia a empresas y autónomos y frena el dinamismo económico de la ciudad.

Un problema crónico en la gestión económica de la Ciudad

El retraso en el pago a proveedores no es una novedad. Según la denuncia socialista, Ceuta arrastra desde hace años un problema estructural que sitúa a la ciudad a la cola del país en el cumplimiento de plazos. Lejos de resolverse, la situación persiste legislatura tras legislatura, generando un clima de inseguridad económica que afecta directamente a la competitividad empresarial.

Las consecuencias de esta demora son claras: estrangulamiento de la liquidez de las empresas —especialmente de las pymes, que constituyen el núcleo del tejido productivo local—, freno a las inversiones, riesgo para el empleo y un deterioro de la confianza en la Administración.

Impacto en pymes y autónomos: el corazón de la economía ceutí

Para el PSOE, el incumplimiento sistemático del plazo legal “estrangula la liquidez de las empresas” y pone en riesgo la supervivencia de las pymes, que generan la mayoría del empleo en la ciudad. Este retraso implica que muchos negocios deban recurrir a financiación externa, con el consiguiente aumento de costes, o incluso limitar sus operaciones para no comprometer su estabilidad.

La morosidad institucional no solo afecta a quienes trabajan directamente para la Ciudad Autónoma. También repercute en toda la cadena de suministro, arrastrando a subcontratas, proveedores locales y pequeños comercios que dependen de la actividad pública.

Críticas al Gobierno del PP en Ceuta

El PSOE recuerda que el Partido Popular, bajo el liderazgo de Juan Vivas, lleva más de dos décadas al frente de la Ciudad y que, pese a las reiteradas advertencias, no ha puesto fin a este grave incumplimiento. Según los socialistas, los argumentos que ofrece el Ejecutivo —como la verificación de trámites, cambios internos o el elevado volumen de obra pública— son “excusas de mal pagador” que no justifican la demora.

La denuncia se enmarca en un contexto en el que otras administraciones autonómicas y locales han logrado mejorar sus ratios de pago gracias a la digitalización de procesos y a una gestión presupuestaria más ágil, lo que acentúa la comparación negativa para Ceuta.

Exigen modernización y cumplimiento estricto de la ley

Ante esta situación, el PSOE reclama medidas urgentes para modernizar la gestión económica de la Ciudad Autónoma. Entre las prioridades destacan reforzar los equipos de trabajo, agilizar los procedimientos administrativos y garantizar que el plazo legal de 30 días se cumpla sin excepciones.

El objetivo, subrayan, debe ser proteger la estabilidad del tejido empresarial ceutí y, por extensión, preservar el empleo y fomentar la inversión en la ciudad. “La economía de Ceuta no puede permitirse un Gobierno que siga siendo el último de España en pagar sus facturas”, concluyen.

Un reto clave para el futuro económico de Ceuta

La gestión del pago a proveedores se perfila como uno de los retos clave para el futuro económico de la ciudad. En un momento en que la recuperación económica y la atracción de inversiones son esenciales, la imagen de una administración morosa puede suponer un lastre difícil de remontar.

Con el periodo medio de pago en 60 días, el doble de lo que exige la ley, y un historial prolongado de retrasos, Ceuta se enfrenta a la necesidad urgente de romper con un modelo de gestión que ahoga a quienes generan riqueza y empleo. La presión política y empresarial apunta ahora a que la solución no puede seguir postergándose.