El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán ha anunciado que la Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado su personación en los procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo por los recursos presentados por varias comunidades autónomas contra el Real Decreto 743/2025, que regula la capacidad ordinaria de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia. Mientras tanto, el área de Menores continúa en una situación “complicada”, con más de 550 menores extranjeros no acompañados tutelados y un nivel de ocupación que multiplica por veinte la capacidad establecida.
Ceuta se une al procedimiento judicial sobre el Real Decreto de protección a la infancia
La Consejería de Presidencia y Gobernación ha elevado al Consejo de Gobierno los acuerdos para la personación de la Ciudad en los procedimientos abiertos ante el Tribunal Supremo relativos a los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Aragón, Valencia, Castilla y León, Baleares, Madrid y Cantabria.
Estos recursos impugnan el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia en todo el territorio nacional, así como los criterios de distribución entre comunidades y ciudades autónomas.
Además, Ceuta se persona también en la causa presentada por la Comunidad de Madrid contra la vía de hecho relacionada con el inicio de expediente de traslado de menores a dicha comunidad.
Gaitán ha explicado que esta personación responde a un procedimiento jurídico habitual, con el único propósito de seguir de cerca el desarrollo de los recursos y conocer el estado de los trámites, sin una intención más allá del seguimiento técnico y administrativo.
Una situación crítica en el área de Menores
El panorama en el área de protección de menores de Ceuta continúa siendo de sobreocupación extrema. Según datos ofrecidos ayer por el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, la ciudad acoge actualmente a más de 550 menores extranjeros no acompañados, una cifra que se mantiene estable pese a los procesos de derivación en marcha, confirmando que la situación “sigue siendo complicada”,
Desde el punto de vista de la contingencia migratoria, la ocupación se sitúa en torno al 600% de la capacidad establecida, mientras que, si se toma como referencia la capacidad ordinaria del sistema (27 plazas), el porcentaje se dispara hasta un 2.000%.
La presión sobre los recursos públicos sigue siendo enorme, especialmente tras un fin de semana con nuevas entradas por la frontera, en el que accedieron en torno a 29 menores, aprovechando un temporal marítimo que dificultó la labor de vigilancia de las patrulleras marroquíes.
“Un mecanismo que empieza a engrasarse”
Según Gaitán, las primeras reubicaciones bajo este nuevo mecanismo se produjeron a finales de septiembre, y ya comienzan a dar resultados:
“Hoy han salido diez menores y esta semana saldrán otros siete. Además, hay previsiones de nuevas salidas la próxima semana.”
El portavoz valoró positivamente los primeros avances en la aplicación del nuevo sistema de derivación de menores establecido por el Real Decreto y destacó que se ha pasado de un modelo basado en acuerdos puntuales entre comunidades —a través de conferencias sectoriales— a un sistema con mecanismos formales y regulados por ley.
“El mecanismo está en marcha y empieza a coger rodaje. Esperamos que en los próximos meses pueda avanzar con mayor agilidad”, afirmó Ramírez.
El objetivo: agilizar los traslados y aliviar la presión
Desde el Gobierno de la Ciudad, la valoración es clara: el nuevo marco legal supone un paso adelante en la gestión de una problemática estructural que afecta de manera desproporcionada a Ceuta y Melilla.
La implantación efectiva del Real Decreto y el seguimiento judicial de los recursos serán claves para determinar la viabilidad y ritmo de los traslados en los próximos meses, así como para garantizar una distribución más equitativa de la responsabilidad en la atención a los menores extranjeros no acompañados.
Mientras tanto, la Ciudad continúa reclamando mayor coordinación y apoyo del Estado, ante una realidad que multiplica por veinte su capacidad de acogida y que sigue representando uno de los mayores retos sociales y humanitarios para la administración local.
