Desde el inicio de la controversia, Ceuta Ya! ha defendido un "análisis objetivo de la situación, destacando la importancia de diferenciar entre las bonificaciones a sectores específicos de la ciudad por razones económicas y la supuesta defensa de un régimen especial". Es crucial entender, dicen, que estas bonificaciones responden a una reorganización a nivel nacional y no a una estrategia política exclusiva para Ceuta.
Señalan que es importante señalar que, "en términos globales, el nuevo sistema de bonificaciones representa un aumento en la financiación para Ceuta. Más del 80% de los contratos en la ciudad reciben una bonificación superior al 50%, lo que supera las condiciones previas. Sin embargo, la principal queja de los empresarios radica en los nuevos requisitos y trámites administrativos exigidos, lo que refleja una resistencia al control y la transparencia".
Este sistema de bonificaciones se financia con los impuestos de todos los españoles, por lo que "es comprensible que el Gobierno Central establezca condiciones para su uso adecuado. Además, la posibilidad de establecer un régimen especial para Ceuta basado en razones estrictamente políticas podría considerarse, pero ha sido descartada por los partidos gobernantes".
Concluyen señalando que "el debate sobre las bonificaciones en Ceuta refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre el apoyo a la actividad empresarial y la responsabilidad fiscal. Mientras tanto, Ceuta Ya! continúa abogando por un enfoque más objetivo y transparente en esta cuestión crucial para el desarrollo económico de la ciudad".
