La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha participado presencialmente en una reunión clave celebrada en Canarias para activar el nuevo mecanismo legal que permitirá la derivación de menores migrantes no acompañados desde los territorios más saturados, como Ceuta, Melilla y Canarias, al resto de comunidades autónomas. Esta reunión marca el inicio de un proceso que prioriza el “interés superior del menor” y refuerza el “compromiso del Ejecutivo" con una respuesta solidaria y equitativa.
Ceuta, presente en la reunión sobre menores no acompañados
La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha estado presente en la reunión nacional celebrada este miércoles, 31 de julio, en Gran Canaria, para abordar la aplicación de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta reforma legal facilita la redistribución de menores no acompañados desde comunidades autónomas saturadas hacia otras con mayor capacidad de acogida.
Junto a ella también acudió presencialmente la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, mientras que el resto de representantes territoriales participaron de forma telemática.
La reunión, liderada por el Ángel Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, el Secretario de Estado de Infancia y Juventud, su directora general, y el equipo del Ministerio de Política Territorial, ha servido para coordinar los primeros pasos administrativos del nuevo procedimiento, que ya está en vigor tras su aprobación por el Congreso de los Diputados y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El nuevo proceso legal: cómo funcionará
Con la entrada en vigor del nuevo artículo 35, se establece un mecanismo que obliga a todas las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes no acompañados cuando se supere el triple de su capacidad ordinaria de acogida. Es el caso actual de Ceuta, Melilla y Canarias, aunque el sistema se diseñó para ser aplicable en cualquier territorio en situación de emergencia migratoria.
El proceso se inicia desde la Delegación o Subdelegación del Gobierno en el territorio donde se encuentra el menor. A partir de ahí, se establece una derivación legal y garantista que debe culminar con la firma del delegado del Gobierno de origen y del territorio de destino.
Los plazos establecidos son claros:
- Un máximo de 15 días para reubicar a menores recién llegados.
- Hasta un año para menores que ya estén bajo tutela en el territorio.
Un compromiso humanitario con los derechos de la infancia
Durante la comparecencia posterior a la reunión, el ministro Torres subrayó que esta medida tiene un carácter humanitario y responde al derecho superior del menor, reconocido por organismos internacionales y por el Tribunal Supremo español, que ya ha instado al Gobierno a actuar ante la saturación de las islas.
Torres hizo hincapié en la necesidad de evitar discriminaciones por el origen o el color de piel de los menores. “Todos los niños tienen los mismos derechos, vengan de donde vengan”, aseguró.
El ministro también denunció la oposición de algunas comunidades autónomas a acoger a estos menores, señalando explícitamente a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que han puesto trabas administrativas para evitar la instalación de nuevos centros de acogida para menores procedentes de África, mientras sí han acogido a menores ucranianos desde 2022.
Ceuta, en el foco de la política migratoria
La participación activa de Ceuta en este proceso subraya la presión que sufre la ciudad por su posición geográfica en la frontera sur de Europa. A lo largo de los últimos años, Ceuta ha sido receptor constante de menores migrantes no acompañados, lo que ha generado una saturación estructural en los recursos disponibles para su acogida y atención integral.
Con este nuevo sistema, se busca aliviar la carga que soportan territorios como Ceuta, y redistribuir de forma solidaria la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas, en una política que pretende garantizar igualdad de trato para todos los menores en territorio nacional.
Una obligación legal con respaldo parlamentario
La modificación del artículo 35 tiene rango de ley y obliga a su cumplimiento, independientemente de la postura política de las comunidades autónomas. Esta reforma fue aprobada por mayoría en el Congreso y permite actuar de forma coordinada y rápida ante situaciones de emergencia migratoria.
Desde el Gobierno de España se ha insistido en que no se trata de una medida partidista, sino de un acto de justicia social, una respuesta estructural al fenómeno migratorio que coloca a los menores en el centro de la política pública.
