La Asamblea de Ceuta ha retomado este jueves su actividad con una sesión de control marcada por uno de los ejes habituales de Vox: la presión fiscal. El portavoz del grupo, Juan Sergio Redondo, ha vuelto a situar el foco en el impacto que, a su juicio, tienen las políticas tributarias sobre las economías domésticas, los trabajadores y el tejido empresarial.
Redondo ha construido su intervención sobre un diagnóstico que vincula directamente la situación local con la política fiscal estatal, asegurando que “la presión fiscal sobre los hogares españoles no ha dejado de crecer bajo el gobierno de Pedro Sánchez”. Para sostener su argumento, ha recurrido a datos de Eurostat, apuntando que la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales ha experimentado un incremento desde 2018 hasta alcanzar en 2024 “un volumen sin precedentes en la historia tributaria española”.
Ese aumento, ha defendido, se traduce en una mayor carga para familias y pequeños empresarios en un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento del coste de vida y la pérdida de poder adquisitivo. Una situación que, según ha subrayado, resulta “especialmente preocupante” en Ceuta, donde confluyen factores estructurales que agravan el escenario económico.
Ceuta, bajo una “doble presión”
El líder de Vox ha insistido en que la ciudad no solo sufre la coyuntura nacional, sino también condicionantes propios como la pérdida de competitividad del comercio local, las dificultades del colectivo autónomo o las limitaciones para la actividad empresarial.
En este contexto, ha reclamado al Gobierno local que actúe dentro de sus competencias para amortiguar ese impacto. Su intervención ha ido hilando referencias a iniciativas recientes, como el Plan Integral de la Confederación de Empresarios de Ceuta o el acuerdo plenario del pasado 7 de abril para paliar los efectos de la inflación, para concluir que existe un diagnóstico compartido pero falta concreción en las respuestas.
A partir de ahí, Redondo ha planteado una batería de preguntas directas al Ejecutivo: qué medidas se están adoptando para aliviar la carga fiscal, cuál es la recaudación actual por tributos locales o cuándo se prevé una reducción de impuestos en la ciudad.
El Gobierno defiende estabilidad y bonificaciones fiscales
La respuesta ha llegado de la mano de la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que ha optado por un enfoque técnico y de gestión. La titular de Hacienda ha asegurado que las cuentas públicas siguen el guion previsto y que “se cumplen las previsiones presupuestarias” recogidas en los Presupuestos Generales aprobados en diciembre de 2025.
Más allá de las cifras, Chandiramani ha puesto el acento en las medidas ya implementadas, defendiendo que durante la legislatura se han aplicado rebajas fiscales en ámbitos como el comercio, la vivienda o determinadas tasas vinculadas a juventud, cultura o deporte. En el caso concreto del comercio, ha cifrado el impacto en 3,5 millones de euros, subrayando que estas decisiones implican una menor recaudación sin renunciar a la prestación de servicios públicos.
La consejera también ha detallado los avances en la colaboración con la Confederación de Empresarios, explicando que se están analizando sus propuestas una a una. Entre las medidas en marcha, ha destacado el refuerzo de Procesa como ventanilla única para asesorías, la simplificación de trámites administrativos y el desarrollo de herramientas para que empresas y autónomos puedan conocer el estado de sus facturas dentro de la administración.
Plan estratégico y reformas en marcha
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un plan estratégico para la ciudad en colaboración con la Universidad de Granada, con el objetivo de definir líneas de desarrollo económico a medio y largo plazo. Un proyecto que, según Chandiramani, comenzará a tomar forma próximamente con encuestas y primeras entrevistas.
En el plano fiscal, la consejera ha querido contextualizar el debate asegurando que la presión fiscal en Ceuta se sitúa en torno al 4%, frente al 20% del conjunto del país, lo que supone —ha recalcado— una diferencia de 16 puntos. “Eso implica un ahorro importante en las empresas”, ha defendido, vinculando esta política a la necesidad de compensar las desventajas estructurales de la ciudad.
Vox insiste en que el esfuerzo es insuficiente
Lejos de dar por cerrada la cuestión, Redondo ha replicado cuestionando la falta de concreción en algunas respuestas y poniendo el foco en el incremento previsto en la recaudación para 2026 respecto a 2025. A su juicio, ese aumento evidencia que, pese a las bonificaciones puntuales, la tendencia sigue siendo al alza en la carga impositiva.
El portavoz ha comparado la política fiscal de Ceuta con la de otras ciudades españolas donde se han aplicado rebajas más profundas en impuestos como el IBI, la plusvalía o el ICIO, defendiendo que la ciudad tiene margen para adoptar medidas similares, al menos de forma coyuntural.
Equilibrio entre ingresos y servicios públicos
En su turno de cierre, Chandiramani ha rebajado el tono del debate insistiendo en la necesidad de equilibrar la reducción de impuestos con la sostenibilidad de los servicios públicos. Ha cifrado el incremento global de ingresos previsto entre 2025 y 2026 en un 2,52% y ha defendido que la política fiscal de la ciudad ya está orientada a aliviar sectores estratégicos.
“Dos más dos son cuatro”, ha resumido la consejera, aludiendo a la necesidad de contar con ingresos suficientes para sostener servicios como la limpieza, la seguridad o la protección civil. Aun así, ha asegurado que el Gobierno seguirá aplicando bonificaciones “donde más pueden ayudar a la economía” y evaluará nuevas medidas en función de la evolución económica.
