Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, ha solicitado este jueves su baja como afiliado del Partido Popular. Lo hace tras conocerse el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que le sitúa en el epicentro de una trama de tráfico de influencias para favorecer a empresas gasísticas desde su posición en el Ejecutivo.
La investigación, iniciada en 2017, afecta a un total de 28 personas, incluidos altos cargos del Ministerio de Hacienda entre 2011 y 2018. El auto judicial señala que varias mercantiles pagaban al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de su entrada en el Gobierno, a cambio de reformas normativas a medida.
¿Qué es Equipo Económico y cómo operaba la trama?
Aunque Montoro dejó formalmente de tener acciones en Equipo Económico en 2008 —traspasándolas a su hermano—, el periodista que destapó el caso, Javier Chicote, sostiene que el exministro seguía manejando la estructura desde la sombra. De hecho, la cabeza visible del despacho era Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y persona de confianza de Montoro.
"La vía más directa como siempre, es pagar a este EE que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda", recoge uno de los correos incautados por los Mossos d’Esquadra y citado por el juez instructor. El modus operandi, según el juez, consistía en que las empresas gasísticas remitían pagos al despacho de consultoría, que a su vez utilizaba su influencia para introducir cambios legislativos favorables. En algunos casos, las propias empresas redactaban los textos legales que luego acababan en el BOE.
Las empresas implicadas y los delitos investigados
Entre las compañías señaladas figuran Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Varias de ellas tienen sede en la provincia de Tarragona, lo que justifica la competencia del juzgado catalán. El auto del magistrado enumera siete posibles delitos:
- Tráfico de influencias
- Cohecho
- Fraude
- Prevaricación
- Malversación
- Falsedad documental
- Organización criminal
Además de Montoro, están imputados los siguientes altos cargos del Ministerio de Hacienda: Miguel Ferre Navarrete, exsecretario de Estado de Hacienda Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos Pilar Platero Sanz, exsubsecretaria de Hacienda Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Hacienda Santiago Menéndez Menéndez, exdirector de la Agencia Tributaria entre otros técnicos y asesores del gabinete ministerial.
El origen del caso: un correo hallado por los Mossos
La causa se remonta a una investigación ajena, cuando en 2017 los Mossos encontraron un correo electrónico en el marco de otro procedimiento que afectaba a la empresa Messer, una de las gasísticas ahora imputadas. Ese hallazgo fue la chispa que destapó el presunto entramado de influencias, pagos irregulares y trato de favor desde el corazón del Ministerio de Hacienda.
Reacciones políticas: el PSOE carga, el PP se desmarca
El caso ha reactivado el discurso político en torno a la corrupción. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ironizaba al señalar que “ya van dos ministros de Hacienda del PP con problemas judiciales”.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también aprovecharon para recordar la ya célebre boda de la hija de Aznar en El Escorial, como metáfora visual de la concentración de figuras imputadas en los gobiernos del Partido Popular.
De la boda de la hija de Aznar solo quedan los camareros por imputar. pic.twitter.com/Vn2I9Equ1d
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 17, 2025
Por su parte, el PP ha marcado distancias con Montoro, asegurando que su caso "no es comparable con los escándalos del entorno del PSOE". No obstante, Montoro era hasta hoy el único afiliado activo del PP entre los 28 investigados.
Presiones desde Hacienda y acoso a periodistas
Una de las aristas más sensibles del caso es la que apunta a un uso político de la Agencia Tributaria. Javier Chicote, el periodista que destapó la trama, denunció que Hacienda elaboró un informe fiscal completo sobre él, incluyendo datos sobre su hija menor o herencias familiares. La práctica de anunciar inspecciones fiscales contra críticos fue habitual durante la etapa de Montoro en el Congreso, y no se limita a este caso en particular.
De nuevo, el foco en la puerta giratoria política-empresarial
El ‘caso Montoro’ abre un nuevo capítulo en la relación entre política, empresas y presunta corrupción institucional. A falta de que avance la instrucción judicial, el hecho de que un exministro de Hacienda esté imputado por beneficiar a compañías privadas desde el corazón del Gobierno pone de nuevo en tela de juicio los límites de la legalidad en la alta administración pública. Mientras tanto, el Partido Popular trata de contener el daño reputacional y los partidos de la oposición aprovechan el escándalo como munición electoral.
